Prisma
Por David Omar Guirado.
Existe una amplia brecha entre las necesidades de los sonorenses y los resultados que ha tenido el Congreso de Sonora en materia legislativa. Desde el 2018 hasta ahora, no hemos tenido una respuesta en asuntos debidamente legislados en otros estados del país como el del matrimonio igualitario, la ley Olimpia, la “ley anti-chatarra”, el derecho a la interrupción del embarazo, entre muchas otras que parecieran básicas en materia de derechos humanos.
Recientemente la comisión de gobernación y puntos constitucionales tuvo la oportunidad histórica de someter a juicio político a dos alcaldes de los municipios con mayor número de señalamientos por malos manejos, presuntos actos de corrupción y una evidente crisis de ingobernabilidad que ha sido el sello distintivo de sus respectivas administraciones: Navojoa y Cajeme.
Los diputados integrantes de esta comisión acordaron improcedente el juicio político contra la alcaldesa de Navojoa, María del Rosario Quintero, su ex secretario -y actual cómplice- José Guadalupe Morales y su ex tesorero Jesús Antonio Covarrubias. Así mismo, el del alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal y contra el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, José Santiago Encinas Velarde, que es harina de otro costal.
En cuanto a los alcaldes, además de ser señalados por las mismas travesuras, tienen en común su cercanía con Morena y que las denuncias hacia sus respectivas administraciones cuentan con carpeta abierta de investigación en el Instituto Superior de Auditoría Fiscal y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.
Hasta hace unos días parecía que por fin les caería el peso de la ley, pues habíamos escuchado señalamientos críticos de combate a la corrupción por parte de los diputados que no pertenecían a la coalición de la 4T como del Diputado Montes Piña, María Dolores del Río o Magdalena Uribe, que hacían suponer que se contaría con un voto a favor del juicio político de su parte.
Inclusive un servidor tuvo la oportunidad de entrevistar al Diputado Montes Piña el 30 de julio para el Semanario Nuevo Sonora, quien parecía un promotor o uno de los principales interesados en que se llevara a cabo el juicio político, manifestando estar del lado de la ciudadanía pero nos sorprendió cómo a último minuto cambiaron de parecer y votaron en contra.
Era de esperarse que los diputados de Morena defendieran a los controvertidos alcaldes considerando que la contienda electoral está a la vuelta de la esquina y que un alcalde enjuiciado implicaría mayor carga negativa para quien resulte abanderado por la 4T a la gubernatura (en este caso, el naturalito, Alfonso Durazo) que un alcalde con señalamientos de corrupción pero sin un dictamen.
El mismo Jacobo Mendoza, líder actual en sus visitas al Semanario Nuevo Sonora, parecía solapar y defender estas travesuras de los alcaldes argumentando que para él eran solo situaciones mediáticas y que en todo caso, las instancias anticorrupción deberían haber intervenido.
En este tenor se contemplaban cuando menos tres votos en contra del juicio político por parte de: Norberto Ortega Torres, Raúl Castelo Montaño y Griselda Soto Almada; legisladores de Morena. Cuatro a favor con Julio Alfonso Montes Piña, María Magdalena Uribe, María Dolores del Río y Eduardo Urbina Lucero. Por tanto el resolutivo parecía estar en manos de los diputados del PRI: Jorge Villaescusa y Nitzia Gradias.
Sorpresivamente, al final, el único que votó a favor de enjuiciar a los alcaldes fue Eduardo Urbina Lucero. Todos los demás cambiaron de opinión al último minuto.
¿Qué habrá pasado a última hora para que algunos diputados cambiarán tan repentinamente su discurso? A lo mejor $oy un poco mal pen$ado por suponer que todo fue parte de un jugoso acuerdo entre las sombras.
Habiendo iniciado el calendario electoral y tomando en cuenta que gran parte de los diputados que integran la comisión de gobernación tienen aspiraciones políticas para el 2021 y a la otra pequeña parte les regalaron la curul y deben aprovechar su efímero paso por la labor legislativa, nos hacen ser un poco mal pensados especialmente si tomamos en cuenta que PRI y Morena son -cuando menos en teoría- agua y aceite.
Aunque cada vez me queda clarísimo que en praxis son más parecidos de lo que creemos.
El PRI abandonó al PAN -sus aliados en la actual legislatura- votando en conjunto con Morena, integrando el mítico PRIMOR que pareciera devolverle el favor por no llevar a Juicio Político al controvertido ex alcalde de Hermosillo, Maloro Acosta o incluso para que no haya persecuciones políticas de algún funcionario de la administración estatal que está por concluir.
Pero bueno, dejemos las suposiciones. Si bien es cierto que no es facultad del Congreso dictaminar si existen o no actos de corrupción ya que eso le corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, sí está dentro de sus facultades dictaminar si existe ingobernabilidad, precisamente el sello distintivo de las administraciones acusadas y los legisladores pueden intervenir como mediadores en este tipo de conflictos.
A pesar de que los diputados sonorenses trabajan seis de los doce meses del año y que estos días de cuarentena han tenido descanso, cada uno recibe 93 mil pesos
mensuales de sueldo base más 99 mil en gastos de asesores y otros 51 mil para más alimentación, gasolina y otras cosas que puedan facturar. Eso sin contar el seguro para
gastos médicos mayores. Es decir, más del cuarto de millón de pesos.
Aún así sigue siendo de las legislaturas menos eficaces y le siguen debiendo bastante al pueblo sonorense. Esta situación representa ciertamente un retraso en materia de democracia y una mentada de madre para las nuevas generaciones que anhelan una manera de hacer política enfocada en las causas ciudadanas.
No olvide la cara, los nombres y los resultados (buenos o malos) de los legisladores de la actual bancada, posiblemente veremos a muchos de ellos en las próximas boletas del 2021.
Una Fiscalía Anticorrupción que brilla por su ausencia
La Fiscalía Anticorrupción ha brillado más por su ausencia que por sus logros a pesar de que nos cuesta a los sonorenses 477 millones 517 mil 799 pesos anuales que salen de nuestros impuestos. Como parte de un simple ejercicio podríamos analizar el caso: ¿qué resultados ha dado la fiscalía después de enjuiciar a Guillermo Padrés y a sus funcionarios más juguetones con el dinero del erario público?
Según los informes estadísticos de la misma fiscalía, en sus primeros tres años y siete meses de actividades, la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción en Sonora desembolsó 242.8 millones de pesos, sólo para conseguir ocho sentencias.
Según la FAS –encabezada por el priista Odracir Espinoza Valdez–, hasta ahora han resuelto 249 expedientes, de los cuales se obtuvieron 54 órdenes de aprehensión, 57 consignaciones ante la autoridad judicial en 25 averiguaciones previas, 27 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, 14 personas imputadas en 12 carpetas de investigación y ocho individuos sentenciados.
Según información de proceso, el departamento jurídico de la FAS también muestra un pobre desempeño, ya que, de 464 juicios de amparo interpuestos, sólo se le han concedido nueve, le han negado 327 y restan 128 por resolver. Además, de las 631 denuncias sólo le han concedido la autorización para ejecutar nueve cateos. Todo eso también pagado con nuestros impuestos.
COMMENTS