AMLO vs inversionistas

2020-03-30

La decisión por parte del ejecutivo de cancelar la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, con base en una consulta ciudadana, es grave y se toma en el peor de los momentos para la economía mexicana.


El proyecto de Constellation Brands fue anunciado en el año 2016, se calculaba que esta planta tendría una capacidad de 10 millones de hectolitros, una inversión de 1,500 millones de dólares y quedaría completada en cuatro o cinco años.


A la fecha, la planta filial a Grupo Modelo llevaba un 65 % de avance en su construcción en la que se han invertido 900 millones de dólares.


De concretarse, se esperaba la creación de más de 30,000 empleos formales de manera directa e indirecta a través de la cadena productiva que este tipo de industrias generan. 


De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la planta contaba con todos los permisos necesarios y según declaraciones de funcionarios federales se aseguró que no tendría un impacto negativo en la disponibilidad hídrica de la población, la agricultura y la industria de la región pues su consumo sería de 5.8 Millones de metros cúbicos de agua equivalentes al 0.2 %. 


Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el pasado miércoles que "hubo corrupción e influyentismo en los permisos otorgados a la empresa". 


De la misma manera del aeropuerto de Texcoco, esta decisión del gobierno federal ha producido una muy negativa respuesta del sector privado en donde la confianza se encontraba de por sí en niveles muy bajos.


La cancelación de la planta de Constellation Brands afecta la confianza en los inversionistas privados y manda una señal que de esta manera se toman las decisiones importantes que afectan el rumbo de la economía del país: con consultas ciudadanas.


Ahora, la empresa estadounidense tiene la opción de presentar una demanda contra el Estado mexicano, amparados en los acuerdos del TLCAN y exigir el pago de más de los 900 millones de dólares que ya invirtió. Cinco veces más de lo que cuesta el avión presidencial.