En tiempos donde la conectividad es sinónimo de igualdad, la reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no debe leerse como un retroceso, sino como un paso firme hacia la democratización digital del país. Lejos de los discursos apocalípticos promovidos por ciertos sectores de la oposición, esta transformación busca fortalecer los derechos digitales de la ciudadanía, regular de manera más eficiente a los gigantes de la industria, y ampliar el acceso a servicios de calidad, particularmente en regiones históricamente marginadas.
Uno de los ejes centrales de la reforma es garantizar que la infraestructura de telecomunicaciones llegue a todos los rincones del país. En lugar de favorecer a monopolios, se busca abrir el espectro a nuevos actores y reforzar la rectoría del Estado en la materia, con el objetivo de que Internet y telefonía de calidad no sean privilegio, sino un derecho universal. Este principio, consagrado en la propia Constitución, es el que inspira los cambios legislativos: cerrar la brecha digital es condición indispensable para reducir la desigualdad.
Sin embargo, como es habitual en el debate político contemporáneo, no han faltado voces que acusan a esta legislación de ser un instrumento para el control y la censura. Se ha llegado incluso a señalar que se abre la puerta al espionaje masivo y a la intervención arbitraria de las comunicaciones. Tales argumentos, más que un análisis jurídico, responden a una estrategia política de desinformación y miedo.
Es importante aclarar que la reforma no modifica ni debilita las garantías constitucionales en materia de privacidad, libre expresión y acceso a la información. Tampoco otorga facultades discrecionales al gobierno para intervenir comunicaciones o controlar contenidos. Por el contrario, establece mecanismos más claros y transparentes para la supervisión del espectro radioeléctrico y la protección de datos personales, con plena vigilancia de órganos autónomos como el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones).
Además, lejos de promover la censura, la reforma fortalece la obligación de las plataformas digitales y prestadores de servicios a transparentar sus algoritmos, moderar contenidos con criterios objetivos y proteger a los usuarios frente al discurso de odio, la desinformación sistemática y los delitos cibernéticos. No se trata de silenciar voces, sino de garantizar que todos puedan ser escuchados sin ser víctimas de violencia digital o manipulación informativa.
Resulta paradójico que quienes hoy acusan censura, sean los mismos que durante años permitieron que la infraestructura digital del país se concentrara en pocas manos, dejando a millones sin acceso a servicios básicos y permitiendo abusos de poder corporativo. Hoy, cuando se plantea un nuevo paradigma basado en la equidad, la transparencia y la soberanía tecnológica, se rasgan las vestiduras.
Es momento de discutir con seriedad y sin histeria. La nueva ley no es perfecta, como ninguna legislación lo es, pero parte de una visión clara: que México no puede seguir dependiendo de intereses privados ni del rezago tecnológico. Apostar por una transformación digital incluyente, con reglas claras y con un Estado que garantice derechos, no es censura: es progreso.
COMMENTS