La próxima reforma electoral ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en el primer gran pulso político del nuevo sexenio. Y lo más relevante no es el choque inevitable con la oposición, sino la tensión que ya empezó a notarse dentro del propio bloque gobernante: Morena, PT y Partido Verde. La reforma, aún en proceso de diseño, está probando la solidez de una coalición que en campaña se ve unida, pero que en el rediseño del poder suele marcar distancias.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado posicionar el tema antes de que lo haga el adversario. En sus declaraciones recientes ha defendido la reforma como una vía para fortalecer la democracia, reducir el costo del sistema electoral y mejorar la representación, insistiendo en que no se trata de debilitar la autonomía del árbitro electoral. Con ello intenta cerrar el paso a la etiqueta que la oposición busca imponer desde el inicio: la “Ley Maduro”, acusación que pretende asociar cualquier ajuste electoral con un intento de control político.
Pero el verdadero conflicto no está afuera, sino adentro. PT y Verde observan con reserva cualquier modificación que afecte los mecanismos que permiten la sobrevivencia y el peso negociador de los partidos medianos: financiamiento público, prerrogativas y el modelo de representación proporcional. Morena enmarca estos cambios como “austeridad democrática”; sus aliados, como un posible golpe a su presencia territorial y parlamentaria. Es ahí donde el debate se vuelve delicado: no es una disputa ideológica, es un choque de intereses.
Los puntos torales del proyecto —hasta ahora— incluyen reducción de costos electorales, ajustes al financiamiento, discusión sobre plurinominales y cambios en estructuras políticas que hoy elevan el gasto y la burocracia. A esto se suma el dilema logístico rumbo a 2027: la coincidencia de procesos y el desafío de organizar elecciones cada vez más complejas, un argumento que Sheinbaum ha usado como sustento para ordenar y replantear reglas.
Para aterrizar el planteamiento se creó una Comisión Presidencial de Reforma Electoral, desde donde se elabora el proyecto que será presentado formalmente en las próximas semanas. También se ha planteado la posibilidad de consultas y foros, como una ruta para legitimar el proceso. Sin embargo, abrir la discusión puede fortalecer la propuesta, pero también evidenciar fracturas internas si el oficialismo no logra una postura común antes de llevarla al Congreso.
Mientras tanto, la oposición ya eligió el terreno: no discutir el detalle, sino el significado. PAN y PRI han insistido en que la reforma busca controlar al árbitro electoral y allanar el camino para la permanencia del poder. En esa narrativa, el foco de alarma está en la revocación de mandato, particularmente si se empuja como instrumento de movilización política rumbo a 2027.
La reforma electoral, así, no enfrenta solamente gobierno y oposición: enfrenta a Morena con la lógica de sus propios aliados. Morena busca transformar reglas y abaratar el sistema; PT y Verde buscan no quedar reducidos a piezas prescindibles. Y en ese punto se concentra el riesgo político: puede avanzarse en la ley, sí, pero con un costo interno que desgaste —o fracture— la coalición que gobierna. En política, pocas cosas resultan tan caras como cambiar las reglas sin cuidar la unidad del bloque que sostiene el poder.
