Por Jesús Donaldo Guirado
En la escena política local, los regidores de Navojoa han mostrado una actividad peculiar: aparecen con frecuencia en redes sociales, invierten en anuncios y buscan permear en la opinión pública con imágenes cuidadosamente producidas. Sin embargo, la ciudadanía difícilmente puede pasar por alto que esa efervescencia digital contrasta con la discreta —por no decir menguada— labor que deberían desempeñar en el cabildo. La pregunta es clara: ¿qué persiguen realmente?
El caso del regidor Eduardo Armenta Cázares, mejor conocido como “el vaquerito”, sirve como ejemplo. Sus movimientos dejan entrever la pretensión de figurar en la boleta de los próximos comicios. Una posibilidad que, aunque indubitablemente lejana, funciona como carta de negociación frente al gobierno estatal. Una jugada política nada ingenua, pero que se vuelve problemática cuando, para ganar visibilidad, proyecta un supuesto encono hacia el presidente municipal, pese a pertenecer ambos a la misma grey política. Esa contradicción no solo confunde a la sociedad, sino que trastoca la confianza en la administración local.
El dilema, pues, no radica en que un regidor busque crecer políticamente —la ambición es intrínseca al oficio—, sino en la manera en que se abandona la función esencial para dedicarse a un proselitismo estridente y superficial. Convertirse en merolicos digitales puede rendir frutos inmediatos, pero constituye una estrategia perniciosa para la vida pública, pues erosiona la pulcritud que se espera del servicio municipal.
Navojoa no necesita recuas de ambiciones personales ni discursos grandilocuentes en las redes. Lo que exige es trabajo real, visible, que se traduzca en mejores servicios, en gestión efectiva y en la atención a problemas cotidianos. Todo lo demás, por más artificioso o vistoso que parezca, no deja de ser ruido en la penumbra.
Los silencios que pesan en Etchojoa
Sebastian Valenzuela.- No todos los regidores son iguales
Claro está: el ejemplo del regidor Eduardo Armenta en Navojoa se expuso porque pertenece al mismo partido que encabeza la actual administración. Pero no es el único caso digno de análisis. A unos kilómetros, en Etchojoa, el regidor independiente Sebastián Valenzuela ha dado muestra de que las redes sociales también pueden ser utilizadas para lo que deberían: señalar anomalías y ejercer la fiscalización que corresponde a su investidura.
Valenzuela no gasta en anuncios para verse bien en la pantalla; usa la plataforma digital como tribuna para denunciar vicios ocultos e irregularidades que se han enquistado en la administración municipal. Ha revelado cómo varios regidores, sindicatura, presidencia y otros grupos de poder pactaron un acuerdo de corrupción para sindicalizar a familiares, amigos y hasta aviadores —personas que cobran sin trabajar—. La práctica, como él la describe, no es más que un reparto clientelar donde cada miembro del cabildo recibió “su cuota” de plazas sindicalizadas.
El agravio mayor radica en que fueron beneficiados individuos con apenas meses de antigüedad, mientras trabajadoras y trabajadores que llevan años esperando la oportunidad fueron soslayados sin miramientos. Hoy, muchos de ellos callan y rumian su frustración en silencio, atenazados por el temor a represalias. Una injusticia inicua que lacera no solo la legalidad, sino también la moralidad pública.
Las denuncias apuntan, además, hacia un actor insoslayable: el departamento de Comunicación Social. Según versiones que circulan, desde esa oficina emana gran parte de la información que socava al propio gobierno municipal. Se habla de un director más ocupado en hacer negocios personales y en “charolear” como supuesto operador de Lorenia Valles, que en cumplir con la responsabilidad institucional que le corresponde. Señalamientos van y vienen: se le acusa de negociar dinero de Etchojoa como si se tratara de simple moneda de cambio, disfrazando acuerdos turbios con apariencia de gestión.
En este tablero movedizo, incluso el tesorero ha quedado bajo fuego. Los rumores indican que la mayoría de acusaciones en su contra provienen de esa misma oficina de comunicación. ¿La razón? Sencilla: él no forma parte de ese grupo de poder, es heredero político del exalcalde y, según sus propias palabras, “no tiene por qué hacerle la chamba a estos”.
Todo esto dibuja un panorama lúgubre en el que los regidores, en lugar de ser guardianes de la legalidad, se convierten en cómplices de la corrupción por conveniencia, y donde las oficinas que deberían informar a la ciudadanía se han transformado en feudos de intrigas palaciegas.
El caso de Sebastián Valenzuela revela una verdad incómoda: no todos los regidores son iguales, pero la caterva de intereses que se entrelaza en Etchojoa confirma que el poder local, cuando se administra con discrecionalidad, puede degenerar en un lodazal de favores y vendettas. Y mientras tanto, el ciudadano común, ese que lleva años esperando justicia laboral o servicios dignos, permanece en penumbra, escuchando promesas huecas que se diluyen en el trajín de la política menor.
Al final, lo que se percibe es un ayuntamiento convertido en un tablero de disputas internas, donde la verdad se fragmenta según convenga a cada grupo. En este contexto, varios señalamientos apuntan a que el director de Comunicación Social seguirá repartiendo información a discreción, filtrando datos y versiones que, más que transparentar, buscan inflamar el encono y debilitar a quienes considera adversarios dentro del propio gobierno municipal. Una práctica tan perniciosa como recurrente, que no solo erosiona la confianza en la administración, sino que confirma que en Etchojoa la lucha por el poder se libra más con filtraciones que con resultados.
El contraste de la vivienda en Hermosillo: entre la Coruña y el Bienestar
Carin León.- Vecino del Bienestar
El arranque del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar en Sonora ha traído consigo un anuncio que no ha pasado inadvertido: la construcción de un complejo multifamiliar y otras viviendas en terrenos de CADAM, justo sobre el boulevard Héctor Espino, en Hermosillo. Lo singular no es el proyecto en sí, sino el entorno que lo rodea. Los nuevos vecinos serán residentes de La Coruña, un fraccionamiento donde las casas rondan los ocho millones de pesos, y que comparte cercanía con Altozano, zona exclusiva en la que habitan empresarios, políticos y artistas como Carín León.
En el papel, el proyecto ilustra la esencia del programa: dar prioridad a quienes más lo necesitan y demostrar que, en un país marcado por la desigualdad, el Estado tiene la capacidad de colocar en primer plano a las personas en situación de vulnerabilidad. El anuncio de que se construirán 33,800 viviendas en Sonora es, sin duda, un hecho colosal que puede transformar la vida de miles de familias.
Pero no todo es júbilo. La realidad también exhibe las aristas de un dilema inevitable: ¿qué ocurrirá cuando quienes han pagado fortunas por una residencia exclusiva se vean compartiendo colindancias con un proyecto de interés social? Para algunos, se trata de un acto de justicia; para otros, una afrenta a la inversión y al supuesto “estatus” que otorgan ciertas colonias. El malestar ya se deja sentir: vecinos de la zona han comenzado a organizarse para manifestarse en contra de la obra, alegando posibles afectaciones a la plusvalía y a la seguridad.
No se trata de una aprensión infundada. En experiencias previas, donde se duplicaron densidades habitacionales, el aumento poblacional desbordó la capacidad de servicios y generó problemas de inseguridad que aún persisten. La preocupación, entonces, no es meramente clasista, sino también pragmática: ¿está preparado el gobierno para garantizar que estas nuevas colonias no se conviertan en espacios vulnerables a la delincuencia?
Lo que se juega aquí es más que un desarrollo habitacional. Es un pulso entre dos visiones de ciudad: la del privilegio que busca mantenerse irrestricto y la de un Estado que intenta, con mayor o menor acierto, corregir desigualdades históricas. Si el proyecto logra consolidarse con seguridad, servicios y planeación urbana, será un triunfo para la política social. Si fracasa, se corre el riesgo de alimentar la animadversión entre clases sociales y de sembrar un encono innecesario en la capital sonorense.
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