Por Alan Castro Parra
Es impresionante cómo un anuncio de una obra pudo generar tantas reacciones en tan poco tiempo, provocando debate público, tensión social y, sobre todo, obligando a las autoridades a escuchar y replantear un proyecto que parecía estar decidido.
Sin duda, la decisión de reubicar la construcción de la Vivienda para el Bienestar, luego de las manifestaciones de vecinos del poniente de la ciudad, nos deja varias reflexiones y lecciones tanto para los ciudadanos como para los gobiernos en turno.
La primera reflexión es la falta de socialización que existe por parte de los gobiernos al momento de llevar a cabo obra pública. En estos nuevos tiempos es fundamental hacer partícipe a la gente de las decisiones, para que no vean estas obras como una imposición.
El generar algún tipo de consulta, concertación de obra pública o presupuesto participativo no solo permite que la ciudadanía tenga un mayor sentido de pertenencia de las obras, sino que legitima las decisiones y, sobre todo, legitima al propio gobierno.
Una segunda lección es la evidente falta de planeación urbana, sobre todo en un proyecto de esa magnitud. No se trata únicamente de disponer de un terreno baldío, sino de garantizar la infraestructura necesaria para el suministro de servicios básicos y asegurar una vivienda verdaderamente digna.
No basta con construir casas, sino buscar un modelo de ciudad ordenada, con acceso a transporte, salud, educación y espacios públicos. De lo contrario, se corre el riesgo de crear guetos urbanos que a la larga terminan marginando más a las personas que se buscaba apoyar.
Este argumento, sin embargo, tiene un doble filo: mientras que un complejo habitacional público enfrenta resistencia, un desarrollo privado difícilmente hubiera generado el mismo nivel de cuestionamiento entre los vecinos del poniente de la capital sonorense.
De ahí surge la tercera lección: somos parte de una sociedad con profundos prejuicios que invitan a la discriminación. Si bien este proyecto originó un falso debate y polarizó rápidamente a la ciudadanía, también hizo aflorar nuestro clasismo.
No debería ser una discusión que enfrente ricos contra pobres; sin embargo, existe una tendencia a la criminalización de la pobreza, visible en las expresiones discriminatorias y prejuiciosas contra la base trabajadora en redes sociales.
Este fenómeno no es exclusivo de Hermosillo ni de Sonora; en muchas ciudades del país se repite la resistencia vecinal a proyectos de vivienda social, bajo el argumento de “defender el patrimonio”. En el fondo, lo que se esconde es el miedo al otro, al diferente, al que se percibe como una amenaza.
Esto obliga a replantear políticas públicas que no solo construyan casas, sino que construyan comunidad.
En última instancia, esta experiencia puede convertirse en un parteaguas: o seguimos reaccionando desde el prejuicio y la improvisación, o aprendemos a planear ciudades más justas, inclusivas y sostenibles. El reto no es solo dónde construir viviendas, sino qué tipo de sociedad queremos habitar.
Por último, también hay que reconocer dos aspectos fundamentales en este caso; lo primero es que independientemente de sus argumentos, los vecinos del poniente hicieron valer su derecho a manifestarse y la presión social generó en las autoridades un replanteamiento del tema.
Y por supuesto, se reconoce la disposición del gobierno a escuchar y reconsiderar este proyecto, lo cual no solamente es muestra de voluntad política, sino de humildad en tiempos donde la soberbia del poder es un distintivo de nuestra clase política, y como dicen por ahí, es de sabios cambiar de opinión.
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