La relación entre México y Estados Unidos vive una nueva tensión. Las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, sobre la posibilidad de que Donald Trump ordene ataques contra cárteles en territorio mexicano, encendieron las alarmas sobre la soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza desde Palacio Nacional: “Ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. México es libre, independiente y fuerte por su pueblo”.
Al mismo tiempo, la controversia escaló con la senadora Lilly Téllez, quien en entrevista con la cadena Fox News afirmó que la ayuda de Estados Unidos sería “absolutamente bienvenida” para combatir al crimen organizado en México. Sus palabras fueron leídas por el oficialismo como un llamado al intervencionismo extranjero y, en consecuencia, como una afrenta a la patria.
Más allá de las pasiones políticas, lo que está en juego es mucho más que un debate de declaraciones: se trata del dilema entre soberanía y responsabilidad. México no puede permitir que otro país decida unilateralmente acciones militares en su territorio, porque eso sería una violación al principio más elemental de independencia. Pero tampoco puede seguir evadiendo la exigencia de resultados en seguridad, porque millones de ciudadanos viven todos los días bajo la amenaza de la violencia criminal.
La defensa de la soberanía no debe convertirse en excusa para la inacción. Y la búsqueda de cooperación internacional no debe confundirse con renunciar a nuestra autodeterminación. Lo cierto es que México mantiene acuerdos de colaboración en seguridad con múltiples naciones, pero lo que falta es eficacia, coordinación y voluntad política para enfrentar a los cárteles sin complicidades ni omisiones.
En este contexto, resulta indispensable elevar el nivel del debate político. Ni los señalamientos de “traición a la patria” ni las acusaciones contribuyen a resolver la crisis de violencia. Por el contrario, polarizan aún más la discusión pública y desvían la atención del problema central: la urgencia de una estrategia integral que devuelva la paz y la confianza a los ciudadanos.
Defender la soberanía significa también demostrar que el Estado mexicano tiene la capacidad de proteger a su gente. En la medida en que persista la percepción de que el crimen organizado opera con impunidad, se abrirá la puerta a voces que exigen la intervención extranjera. Por eso, más allá de los discursos, el gobierno debe traducir la fuerza de sus palabras en hechos concretos de seguridad y justicia.
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