Sonora — A once años del derrame de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, las comunidades afectadas siguen exigiendo justicia, atención médica y cumplimiento de las promesas hechas desde aquel 6 de agosto de 2014, cuando ocurrió el peor desastre ambiental ocasionado por la minería en México.
Fue la empresa Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, la responsable del vertido de 40 mil metros cúbicos de residuos tóxicos, que afectaron un tramo de 271.6 kilómetros y dejaron consecuencias en ocho municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y la zona rural de Hermosillo. Más de 22 mil personas han sido perjudicadas directa o indirectamente.
Durante la conmemoración, los Comités de Cuenca Río Sonora recordaron a tres compañeros fallecidos tras años de lucha: Ramón Miranda, Martha Patricia Velarde y Norberto Bustamante. En su memoria, realizaron un encendido de velas junto al antimonumento colocado en 2024 en la plaza Emiliana de Zubeldía, en Hermosillo.
Martín Valenzuela, vocero del movimiento, hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alfonso Durazo, exigiendo soluciones reales y urgentes:
“Antes de pensar en construir presas, queremos que se resuelva la contaminación. Hemos consumido mercurio y otros elementos tóxicos. Necesitamos atención médica y compromisos cumplidos”.
Aunque han solicitado estudios del agua, los resultados han tardado meses en entregarse y solo han confirmado los peores temores: que la población ha estado expuesta a sustancias altamente peligrosas sin respuesta efectiva del gobierno.
A once años de la tragedia, los habitantes continúan en pie de lucha, exigiendo lo que por derecho les corresponde: salud, agua limpia y justicia.
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