Por Luis Fernando Heras Portillo
Desarrollador de Negocios
Un inteligente, queridísimo y experimentado maestro universitario de la materia de Sistema Político Mexicano, don Gilberto Gutiérrez Giroz, solía decir al finalizar cada una de sus clases —con esa sal y pimienta que le ponía a la narrativa del presidencialismo mexicano, a las reglas del poder y a la manera en que funcionaba la cuasi dictadura perfecta y el presidencialismo omnipotente de los años setenta, llegando incluso a los ochenta del siglo pasado— una frase que se convirtió en mantra: “México es un gran país, aguanta eso y más.”
Lo decía siempre al cerrar sus mensajes, enseñanzas y agudas críticas a los excesos del poder: a las decisiones del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, al populismo de Luis Echeverría, a las expropiaciones de tierras en Sonora, al asesinato de campesinos en lo que hoy es San Ignacio Río Muerto, o al desastre de José López Portillo, que nacionalizó la banca (no el litio) y prometió defender al peso como un perro. Con todos esos elementos como contexto, ese sabio maestro remataba con una verdad que aún resuena.
Y esa moraleja nos queda al dedillo con la elección en el Poder Judicial de la Federación. Histórica. Por primera vez, el pueblo elige al Poder Judicial. Ahora veremos de qué está hecho este Frankenstein mexicano de la nueva justicia, cuando entren en funciones. En lo personal, creo que no pasará gran cosa, más allá de que se siga el curso natural de las cosas y que cada quien enfrente las consecuencias o las circunstancias de sus actos y decisiones.
Los más inquietos y preocupados serán, sin duda, los inversionistas extranjeros, cuando perciban que ya no hay seguridad jurídica para meter su dinero en grandes proyectos que podrían ser anulados por decisiones del gobierno, respaldadas por un Poder Judicial afín al partido en el poder. O bien, cuando las disputas entre particulares ya no se resuelvan conforme a derecho, sino según lo que diga la cúpula del poder o el Ejecutivo, moviendo los hilos desde las sombras o ejerciendo el absolutismo que se da cuando las decisiones se toman a modo, por quien detenta el poder nacional.
Estos son elementos que nos invitan a reflexionar seria y profundamente. No podemos pasar por alto que desde 2018 se dio un movimiento nacional que tomó el poder y que fue ratificado con contundencia en las urnas en 2024, con Morena y sus aliados. Guste o no guste, eso es democracia. ¿Que la democracia, en manos de una sola persona o grupo político, puede volverse peligrosa? Sí, pero el poder se ejerce. Y si ese es el camino inmediato —por seis, doce o dieciocho años—, pues como diría el maestro: “México aguanta eso y más.”
Simple y llanamente, los mexicanos tendrán que esforzarse aún más: los empresarios, los ciudadanos comunes, todos. Especialmente cuando se enfrenten a la justicia terrenal, esa que a veces atropella la ley y la Constitución, cuando ya no se respetan los marcos legales. Y ya sabemos lo que ocurre cuando eso pasa: cada vez más ciudadanos, sobre todo en el centro del país, optan por la justicia por mano propia.
Hemos visto linchamientos contra violadores, secuestradores, extorsionadores, y contra quienes roban camiones cargados de limón o aguacate en Michoacán y Jalisco. En pocas palabras, México aguanta eso y más, pero el pueblo no se deja. La gente no se deja. Se cansa de tanta tranza, como dicen las mujeres que marchan en las calles: *”El pueblo se cansa de tanta tranza.”*
No todo es miel sobre hojuelas. No por haber ganado el poder con apenas el 13% del padrón electoral —en una elección con múltiples aristas— quiere decir que México está derrotado o que todo se acabó. Por el contrario, comienza una nueva etapa histórica que habrá que aprender a vivir, a convivir y a cohabitar. En serio. Y lo digo totalmente en serio: “México aguanta eso y más.”
No pasa nada. Pero hay algo que sí hay que entender: todos aquellos cuyas actividades violen la ley, o que se pongan abiertamente en contra del sistema, tendrán que allanarse a una nueva realidad política. Esa en la que el poder lo ejerce quien lo tiene en sus manos —por ahora.
En mi opinión, existen tres poderosas razones para pensar para bien o para mal del país, lo que pudiera suceder con la elección popular, es decir, con el voto del pueblo a los miembros del poder judicial en México:
La Elección Extraordinaria del Poder Judicial de la Federación 2025, celebrada el 1 de junio de 2025, marcó un cambio histórico en México al introducir la elección por voto popular de 2,681 cargos judiciales, incluyendo 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y jueces y magistrados federales y locales. Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca transformar la impartición de justicia en el país. A continuación, se presentan tres razones que pueden servir como conclusión para considerar esta elección como el inicio de una nueva era en la impartición de justicia en México:
- Democratización de la justicia mediante el voto popular: La elección directa de jueces, magistrados y ministros por la ciudadanía introduce un modelo sin precedentes en México y en la mayoría de los países de la OCDE, otorgando legitimidad democrática al Poder Judicial. Al permitir que el pueblo elija a los impartidores de justicia, como lo establece la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, se busca que la SCJN y otros órganos judiciales reflejen los intereses de la población y no de élites o intereses privados, promoviendo una justicia más cercana y accesible. La elección de figuras como Hugo Aguilar Ortiz, el primer presidente indígena de la SCJN desde Benito Juárez, refuerza la representación de sectores históricamente marginados, como los pueblos indígenas, en la impartición de justicia.
- Reestructuración institucional para mayor transparencia y eficiencia: La reforma elimina el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sustituyéndolo por un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial, con el objetivo de combatir la corrupción, el nepotismo y la opacidad. La reducción de la SCJN de 11 a 9 ministros, la eliminación de las dos salas para sesiones públicas en pleno, y la limitación de los periodos de los ministros a 12 años (en lugar de 15) buscan una justicia más austera y transparente. Además, la imposición de plazos máximos de seis meses para emitir sentencias pretende agilizar los procesos judiciales, respondiendo al reclamo ciudadano de una justicia expedita y efectiva, que históricamente ha enfrentado problemas como juicios interminables y el abuso de amparos.
- Fortalecimiento del equilibrio de poderes con un enfoque popular: La reforma responde al reclamo de un Poder Judicial que no se coloque por encima de los otros poderes del Estado, como ocurría cuando la SCJN bloqueaba leyes aprobadas por el Congreso. Al someter a los jueces a la voluntad popular, se busca garantizar que el Poder Judicial sirva al pueblo y no a intereses oligárquicos, como afirmó la presidenta Sheinbaum. La creación del Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar conductas como corrupción o tráfico de influencias, refuerza la rendición de cuentas, mientras que la elección por voto popular introduce un mecanismo de vigilancia ciudadana sobre la justicia, marcando un cambio hacia un sistema más plural y humano, alineado con los principios de la “Cuarta Transformación”.
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