La reciente elección judicial en México no solo ha renovado los rostros del Poder Judicial; ha puesto sobre la mesa una transformación más profunda: el reacomodo de las relaciones entre los tres poderes de la Unión. En un momento histórico donde la legitimidad se disputa tanto en las urnas como en los tribunales, el ingreso de nuevas personas juzgadoras representa una oportunidad, pero también un riesgo para la independencia de la justicia en el país.
La designación —por voto o por influencia política— de magistradas y magistrados en tribunales clave, como los de circuito, ocurre en un contexto marcado por una creciente concentración de poder en el Ejecutivo y una dinámica legislativa que ha mostrado poca resistencia a las iniciativas del gobierno. En ese escenario, el Poder Judicial se vuelve el último bastión donde aún se pueden equilibrar decisiones trascendentales para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Sin embargo, la llegada de nuevos perfiles al ámbito judicial ha generado preguntas legítimas: ¿Se trata de una renovación técnica o de una reconfiguración política del sistema judicial? ¿Quién elige realmente a quienes deben ser independientes por naturaleza? Y sobre todo, ¿qué tan preparadas están estas nuevas figuras para resistir las presiones de otros poderes?
La justicia no puede permitirse el lujo de ser percibida como un apéndice del Ejecutivo o una extensión de los vaivenes partidistas. Su fuerza reside precisamente en su autonomía, en su capacidad de actuar con imparcialidad frente a los excesos del poder y en su firmeza para defender las garantías constitucionales, incluso contra la voluntad de las mayorías.
Es cierto: la renovación judicial era necesaria. La sociedad mexicana exige jueces y magistrados más cercanos al pueblo, con sensibilidad social y una comprensión cabal del contexto nacional. Pero esa renovación debe estar guiada por el mérito, la integridad y la convicción de que el Poder Judicial no está para complacer al poder político, sino para limitarlo cuando sea necesario.
En las próximas semanas y meses veremos si esta nueva generación de juzgadores responde a esa exigencia ciudadana o si, por el contrario, se confirma que su llegada fue parte de una estrategia para inclinar la balanza. La historia reciente nos recuerda que el deterioro institucional rara vez ocurre de golpe; casi siempre se gesta en silencio, bajo la apariencia de reformas legítimas.
Hoy más que nunca, México necesita un Poder Judicial fuerte, autónomo y valiente. La democracia no se defiende sola, y su equilibrio depende de que los tres poderes mantengan sus límites claros y sus funciones separadas. De no ser así, el costo lo pagará la ciudadanía, una vez más.
COMMENTS