Por Jesus Donaldo Guirado
En el intrincado vórtice de la política mexicana, donde las falacias y la maledicencia suelen permear los márgenes de la verdad, Fernando Rojo de la Vega, titular de Bienestar en el gabinete del gobernador Alfonso Durazo, ha sido objeto de un ataque mediático que busca, sin éxito, erosionar su credibilidad. Una videocolumna de origen ambiguo intenta sembrar dudas sobre su gestión, exhibiendo cómo la distorsión deliberada de los hechos se convierte en arma de aquellos que ven amenazados sus intereses.
Resulta insoslayable considerar que detrás de este embate yace la sombra de quienes, con anacrónicas pretensiones, intentan defenestrar a un funcionario cuyo dinamismo ha trastocado las viejas estructuras de poder. Rojo, un joven con una trayectoria que encarna los valores de la Cuarta Transformación, ha logrado fincar una reputación basada en su compromiso con la transparencia y el bienestar social. Esta ascendente carrera política, inevitablemente, ha generado encono entre sectores acostumbrados a la impunidad y la discrecionalidad.
El eje de las acusaciones gira en torno a un supuesto favoritismo hacia la empresa Mainland Headwear, señalada sin fundamento como beneficiaria de incentivos exclusivos. Un análisis meticuloso desvela, no obstante, que tales señalamientos son infundados. Mainland Headwear, como cualquier otra empresa que busca establecerse en Sonora, accedió a un paquete de incentivos fiscales regulados bajo estrictos principios de legalidad. Además, los terrenos en cuestión no fueron donados por el estado; pertenecen a ejidatarios que, mediante acuerdos plenamente transparentes, pactaron un comodato con la compañía para incrementar la plusvalía de sus predios y generar infraestructura que beneficie a la región.
Para ilustrar lo anterior con claridad meridiana: los ejidatarios, como propietarios soberanos de sus tierras, decidieron asociarse con Mainland Headwear para detonar el desarrollo de la zona, asegurando mejoras como caminos, viviendas e infraestructura pública. En este contexto, el gobierno no actuó como benefactor espurio.
Cabe destacar que esta inversión, inicialmente proyectada para otra entidad federativa, fue redirigida a Sonora gracias a las gestiones diplomáticas y políticas. Este logro, que generó más de mil empleos directos en su primera etapa, constituye un ejemplo palpable del impacto positivo que puede tener una administración comprometida con el progreso.
En respuesta a las acusaciones, el Secretario de Bienestar ha reiterado su disposición a someterse a cualquier escrutinio. En un comunicado emitido recientemente, enfatizó:
“Fiel a los principios de un gobierno honesto y transparente, reafirmo que no se incurrió en ningún acto de ilegalidad. Mi compromiso es absoluto con la rendición de cuentas y con la lucha por erradicar la corrupción, un mal que tanto ha lacerado a nuestra sociedad. Estoy dispuesto a cooperar plenamente con las autoridades competentes para disipar cualquier duda, porque tenemos la convicción de que no somos iguales a los gobiernos que, otrora, traficaban con las necesidades del pueblo para su beneficio personal.”
El episodio también pone de relieve la importancia de diferenciar entre el periodismo responsable y los intentos de algunos sectores por trastocar la percepción pública mediante maledicencia y sensacionalismo. La filosofía de Rojo se erige como ejemplo de pulcritud administrativa en un escenario donde las falacias suelen prevalecer.
El futuro de Sonora no puede soslayarse ante intrigas palaciegas ni corrillos marginales cargados de animadversión. El desarrollo de la entidad requiere de liderazgos magnánimos y comprometidos, capaces de navegar la vorágine de la política con integridad. Fernando Rojo, con su gestión colosal y su vocación por el servicio público, representa el tipo de liderazgo que puede trascender las fronteras de la coyuntura y cimentar un legado digno de ser recordado.
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