Por Jesús Donaldo Guirado
En el laberinto fiscal de Navojoa, el reciente aumento del impuesto predial ha encendido una mecha de descontento ciudadano que amenaza con transformar la apatía en acción colectiva. Lo que podría haberse presentado como una medida administrativa razonable, acorde con el ajuste inflacionario, se ha convertido en un símbolo de desproporcionalidad y falta de sensibilidad gubernamental.
La teoría económica dicta que los impuestos deben ajustarse conforme a la inflación para mantener el equilibrio entre el ingreso fiscal y el poder adquisitivo de la ciudadanía. Sin embargo, en Navojoa, este principio fue llevado al extremo. El país reportó un aumento inflacionario del 5.9%, pero el impuesto predial en este municipio experimentó incrementos que en algunas zonas alcanzaron el 300%, desdibujando cualquier justificación técnica y erosionando la confianza de la sociedad en sus gobernantes.
Los ejemplos son contundentes: en la colonia Tetanchopo, el predial se disparó con un aumento del 139%. En San Ignacio, la cifra escaló del 233%. Y en Tierra Blanca, el salto fue de un alarmante 244%. Estas cifras no son sólo estadísticas, sino reflejos de una carga financiera que recae desproporcionadamente sobre los hombros de los ciudadanos.
La falta de una metodología transparente y equitativa ha exacerbado la indignación. Aunque el reajuste del impuesto predial es una herramienta válida de gestión pública, su implementación debe basarse en principios de proporcionalidad y justicia. Es imperativo realizar un análisis exhaustivo de las tablas de valores catastrales, determinar el valor de mercado de las propiedades, y establecer límites claros al incremento.
Una opción era la inclusión de tecnología como drones para obtener datos precisos de las propiedades podría ser un avance significativo, siempre y cuando se maneje con total transparencia y bajo estricta supervisión.
El ayuntamiento ha manifestado con vehemencia que los recursos recaudados del pago predial se destinarán a fortalecer servicios públicos y mejorar la infraestructura urbana. Entre los proyectos anunciados, se incluye la adquisición de unidades policiales, ambulancias y retroexcavadoras, todas necesarias para una administración eficiente y una ciudad en progreso. Esta declaración, en apariencia plausible, oculta una compleja dualidad que merece un análisis más profundo.
En aras de garantizar estas inversiones, el gobierno municipal ha implementado un plan de austeridad que, lejos de estar exento de críticas, ha generado un fuerte descontento social. Entre las medidas adoptadas, se destacan los despidos masivos de empleados sindicalizados, muchos de ellos con décadas de servicio al ayuntamiento. Esta acción, que parece alinearse con los principios de eficiencia administrativa, contrasta con la reciente contratación de cientos de empleados de confianza. Tal decisión no solo cuestiona la legitimidad del discurso austeritario, sino que también ha alimentado la percepción de nepotismo y discrecionalidad en el manejo de los recursos humanos.
Por otro lado, resulta encomiable que algunas de las unidades vehiculares en servicio hayan sido donadas por ciudadanos comprometidos con la labor social. Este gesto altruista subraya el papel activo de la sociedad civil en la mejora de los bienes comunes. Asimismo, cabe señalar que existen programas públicos que también contemplan estas adquisiciones, lo que pone en entredicho la necesidad de incrementar la carga impositiva sobre la ciudadanía.
La decisión de elevar los impuestos no ha pasado desapercibida y ha sido objeto de críticas severas. Diversos analistas señalan que, en lugar de recurrir a medidas impositivas que afectan directamente el bolsillo de la población, se podrían explorar alternativas de financiamiento más creativas y menos gravosas. La promoción de alianzas público-privadas, la optimización de ingresos propios mediante el combate a la corrupción y la eficiencia recaudatoria son solo algunas de las opciones que podrían haber sido consideradas.
En suma, aunque las metas planteadas por el ayuntamiento parecen loables, el camino elegido para alcanzarlas no está exento de sombras y contradicciones. El precio de estos avances no debe recaer únicamente sobre la sociedad, especialmente cuando existen formas de obtener recursos sin menoscabar el tejido social. El debate está abierto, y la ciudadanía tiene la responsabilidad de exigir un uso transparente y equitativo de sus contribuciones. En esta dualidad entre austeridad y despilfarro, entre necesidad y oportunismo, se juega no solo el bienestar de los ciudadanos, sino también la credibilidad de la administración pública.
El contraste con otros municipios del sur de Sonora subraya la gravedad del problema en Navojoa. Etchojoa, por ejemplo, ofrece un 50% de descuento a personas de la tercera edad y elimina recargos de años anteriores para quienes paguen de manera puntual. En la “Tierra de los Generales” y la “Ciudad de los Portales,” se implementaron descuentos escalonados que incentivan el cumplimiento sin asfixiar la economía familiar. Estas iniciativas no sólo alivian la carga tributaria, sino que también envían un mensaje claro de empática gestión pública.
En Navojoa, por el contrario, el panorama se ha politizado. Diputados y regidores se han deslindado de la aprobación de los aumentos, señalando presiones externas y acuerdos tras bambalinas que limitan su capacidad de acción. Este comportamiento, lejos de resolver el problema, profundiza la percepción de desconexión entre los representantes y sus representados.
El descontento ciudadano no es una manifestación aislada ni irracional. Es el eco de una comunidad que se siente ignorada y que ahora contempla estrategias de resistencia, incluida la negativa colectiva al pago del predial. Este escenario plantea un desafío mayor para la administración municipal: revertir la narrativa de abuso fiscal y recuperar la confianza perdida.
Navojoa se encuentra en una encrucijada histórica. Las autoridades locales tienen la oportunidad de reivindicarse adoptando un enfoque más humano y técnicamente sustentado en la aplicación de impuestos. El fracaso en atender esta crisis podría tener consecuencias políticas y sociales irreparables. La clave, como siempre, está en escuchar a la ciudadanía y actuar con justicia y transparencia.
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