Por Luis Fernando Heras Portillo
Desarrollador de negocios
La semana pasada se conmemoró el 114 aniversario de la Revolución Mexicana, y el “regalazo” que Morena y sus aliados le dieron a los mexicanos en el marco de esta celebración histórica fue la aparición de lo que parece ser una “neo revolución”
Durante años hemos aprendido que la Revolución Mexicana, iniciada en 1910, concluyó —entre comillas, si así lo queremos ver— en 1917, cuando se llevó a cabo el Congreso Constituyente en Querétaro. De ahí surgió, el 5 de febrero de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la misma que todavía nos rige.
Este movimiento social y armado, que cobró la vida de un millón de personas y en el que participaron prácticamente todos los mexicanos, tuvo sus frutos reflejados en esa Constitución, a la que confluyeron todos los grupos políticos, pero, como suele suceder, los ganadores fueron quienes redactaron las leyes y determinaron el rumbo del país.Esa transformación marcó el inicio del poder absoluto para los vencedores, quienes, al derrocar a una dictadura, la de Porfirio Díaz y a su ejército, instauraron un nuevo orden.
Más de 100 años después, seguimos conviviendo con las instituciones y leyes que ellos crearon. Sin embargo, el “regalazo” de ayer confirma que continúa la destrucción, desaparición o, en su defecto, la fusión simulada de organismos autónomos. Esto porque ya se votó en lo general y en lo particular, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la reforma que extingue el poder judicial de la federación tal como lo conocemos.
En pocas palabras, el próximo año se elegirán, en una elección organizada por el INE, más de 5,000 jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia en todo el país. “¿Por qué no desaparecer al INE también?” se preguntarán. Ah, pues porque, de momento, sigue siendo un instrumento útil para organizar estas elecciones de jueces, al igual que organizó, “a modo”, la elección presidencial.
Por cierto, la presidenta del INE es paisana sonorense, pero también de una familia 100% morenista, lo que permitió que manejara la elección presidencial de manera que ya conocemos: con un resultado mayoritario para Morena, el PT y el Verde, que les dio más de 35 millones de votos y, con ello, el poder absoluto.
No es ningún secreto que el famoso “plan C” se trazó para conquistar la mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados, algo que les permite cambiar la Constitución a placer. Y aunque la oposición, esa “mini oposición” del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, entre otros, proteste, saque cartulinas, debata todo el día y haga ruido, al final, todo está consumado.
La reforma judicial ya generó escozor a nivel internacional, pero ahora viene la simulación absoluta: los órganos autónomos e independientes serán absorbidos por el gobierno de la 4T, y sus funciones se trasladarán a las secretarías de Estado. En palabras coloquiales, el gobierno será juez y parte. Una situación difícil de aceptar y entender, pero, ¿qué se puede hacer?
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que el país crecerá un 3%, negando los análisis de especialistas nacionales e internacionales que predicen un crecimiento de apenas 1.2% o 1.3%. Su afirmación quedó grabada: “Vamos a crecer 3%”. El tiempo dirá si esto se cumple. Mientras tanto, el sustento para este crecimiento, según explicó su secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados, radica en un aumento del gasto público, proyectos estratégicos en colaboración con el sector privado y la atracción de inversión extranjera directa bajo el esquema del nearshoring.
Pero aquí surge una realidad ineludible: la inversión nacional ya está aquí, y depende de las decisiones de los grupos empresariales si se realiza o no. En cuanto a la inversión extranjera directa, esta no depende del gobierno, sino de los intereses económicos de conglomerados, cadenas internacionales y países que consideran invertir en México.
La inversión extranjera se rige por negocios y beneficios económicos. No importa cuánto la impulse un gobierno; son las empresas las que deciden si construyen gasoductos, terminales, puertos o cadenas comerciales. Además, hay dos tipos de inversión extranjera directa: la de empresas privadas y la de empresas públicas, es decir, aquellas que cotizan en bolsas de valores y están altamente reguladas.
Si el gobierno federal realmente apuesta a que el nearshoring y la inversión extranjera directa salvarán la economía y lograrán ese crecimiento del 3%, más vale que cuiden cada detalle. Porque, honestamente, pensar que esto solucionará todos los problemas económicos da más miedo que confianza.
Gracias por leerme, soy Luis Fernando Heras Portillo. Que tenga una bonita semana.
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