Por Alan Castro
El pasado martes la mayoría del Congreso del Estado a propuesta del titular del ejecutivo aprobó el nombramiento de Mauricio Ignacio Ibarra Romo como Fiscal Especializado en materia de Anticorrupción. Más tarde el Fiscal de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Romulo Salas Chavez, le tomó protesta como nuevo zar anticorrupción, teniendo varios retos por delante.
Número uno, regresar la credibilidad. Los anteriores fiscales, Odracir Espinoza y Rogelio López han puesto en tela de juicio si realmente la FAS funciona para atrapar a los corruptos o se usa solo como un garrote político. Veremos si ahora con la llegada de un profesional, demuestra realmente que funciona o es un oneroso elefante blanco que ha costado mucho y ha rendido poco.
Y si bien se espera que no se haga un uso faccioso de la FAS para perseguir adversarios políticos, sinceramente tengo mis dudas, ya que la justicia en el país se administra según la coyuntura política y el momento que sea conveniente sacar avances en las investigaciones o incluso, algunos órdenes de aprehensión, siempre y cuando se llegue a una negociación o los delitos prescriban.
Número dos, recuperar la confianza. Sin duda la llegada de Mauricio Ibarra Romo es un tema de confianza, pues los últimos encargados de perseguir la corrupción, en la FAS y la Contraloría, traicionaron la confianza del Gobernador. Tener un perfil que ya colaboró con él en la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana le da cierta certidumbre que no lo venderán en canal.
Esto tiene sus pros y sus contras, porque si bien evidencia la falta de formación y de cuadros en Sonora para cumplir con las expectativas del gobernador, al grado de recurrir a agentes externos. Lo cierto es que el venir de fuera de alguna forma blinda su labor al frente de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, al no tener compromiso con ningún grupo o personaje de la política estatal.
Y es que regreso a lo mismo, no basta cumplir los requisitos o tener ciertas credenciales, aquí lo que muchas veces falta es lealtad. Pues podré no estar de acuerdo con el dicho del ex presidente Andrés Manuel Lopez Obrador que en el servicio público del movimiento se necesita 10% capacidad y el 90% lealtad, pero reconozco que cobra sentido en este tipo de situaciones.
Número tres, pasar del discurso a los hechos. Pues si bien el gobernador Durazo en diferentes etapas ha ondeado la bandera del combate a la corrupción, no se han visto resultados y solo supuestos pactos de impunidad. Y esto va para actos cometidos en anteriores gobiernos y anteriores legislaturas, aunque muchos de ellos ya son de la cuarta transformación.
Claro que no es una crítica al gobernador Alfonso Durazo, pues no es su culpa que alla arriban negocien consulados o acá abajo pacten en los oscurito, de hecho el mejor acto anticorrupción del gobernador no tiene que ver con contralorías o fiscalías, sino con un tema hacendario, recortar el presupuesto de más de 400 mdp al Congreso ha evitado que se lo sigan robando.
En fin, quien aún no conozca el currículum del nuevo Fiscal Anticorrupción, tiene una sólida formación académica. Es licenciado en Derecho por la UAM; maestro en Economía y Política Internacional por el CIDE; doctor en Gobierno en la University of Essex, Reino Unido; además de diversas especializaciones, incluyendo la Especialización Judicial del Instituto de la Judicatura.
Además cuenta con una gran experiencia en el ámbito jurídico y gubernamental. Fue director general de Asuntos Jurídicos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Director de Seguimiento y Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y Titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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