La reciente propuesta de Morena ante el Senado plantea una enmienda constitucional que impediría la impugnación de cambios a la Constitución, incluyendo la reforma judicial propuesta en el “plan C”, que busca implementar el voto popular para elegir jueces. La iniciativa, presentada por legisladores de Morena, se centra en modificar los artículos 103, 105 y 107 para establecer que cualquier cambio constitucional sea inatacable por medios legales como amparos o controversias constitucionales. Esta medida impediría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación u otros organismos del Poder Judicial revisen la constitucionalidad de dichas reformas.
En sesiones recientes, el Senado de la República ha debatido sobre la propuesta. Aunque la iniciativa generó controversia por su alcance, los senadores oficialistas argumentan que busca evitar que las reformas se enfrenten a obstáculos legales que podrían bloquear su implementación. La propuesta fue anunciada tras la orden de una jueza que intentó detener la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, lo que provocó reacciones en diversos sectores.
Uno de los puntos de la iniciativa es la modificación de los mecanismos que actualmente permiten que una reforma constitucional sea cuestionada judicialmente, dejando sin efecto cualquier solicitud de amparo o controversia en proceso. Con esta modificación, el Poder Judicial quedaría sin capacidad de intervenir para declarar la inconstitucionalidad de reformas que afectan a los derechos humanos, un aspecto que ha suscitado críticas de especialistas y grupos de derechos humanos. En particular, los críticos destacan que esta enmienda podría eliminar la posibilidad de inaplicar normas que sean contrarias a tratados internacionales en derechos humanos, restringiendo el control de convencionalidad que garantiza la compatibilidad de las leyes mexicanas con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Además, se han señalado posibles implicaciones para la protección de derechos en temas sensibles, como el arraigo o la prisión preventiva oficiosa, que actualmente pueden ser cuestionados bajo el principio de convencionalidad. La reforma también hace referencia a la no retroactividad, un principio fundamental que garantiza que las leyes nuevas no puedan aplicarse sobre hechos del pasado, principio que se vería afectado según algunos expertos. La posible eliminación del control de convencionalidad, introducido en México en 2011 para fortalecer la protección de derechos humanos, también es un tema de preocupación en el debate sobre esta reforma.
Desde el punto de vista de sus defensores, la propuesta intenta proteger el “poder reformador de la Constitución” al establecer un blindaje ante recursos judiciales que, según señalan, ralentizan los cambios aprobados en el Legislativo y pueden representar barreras políticas a la implementación de reformas. Los partidarios argumentan que esta modificación promueve la estabilidad y coherencia del marco jurídico, permitiendo que las reformas aprobadas por el Congreso puedan aplicarse sin dilaciones.
En contraste, diversos sectores de la oposición y de organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación sobre el impacto que esta enmienda podría tener en la independencia judicial y el sistema de contrapesos en México. La propuesta se enmarca en un contexto en el cual los partidos opositores argumentan que es necesario preservar un equilibrio entre poderes para evitar excesos de poder.
El debate sobre esta enmienda plantea dos visiones opuestas: una que aboga por un sistema donde el poder legislativo pueda ejecutar sus reformas sin obstrucciones judiciales, y otra que considera fundamental que el sistema de justicia mantenga su papel como garante de la constitucionalidad, especialmente en temas de derechos humanos. La aprobación de la enmienda seguirá enfrentando posiciones diversas en el Congreso, donde se decidirá su impacto en el orden constitucional del país.
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