Por David Guirado
El pasado 19 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados de México fue el escenario de una decisión histórica: la entrega de la Guardia Nacional al control del Ejército. El partido en el poder, Morena, junto a sus aliados del PVEM y PT, aprobaron la reforma constitucional que permitirá que esta fuerza, creada con carácter civil, pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta medida ha sido uno de los objetivos clave del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien defendió que la militarización de la Guardia Nacional es necesaria para garantizar su eficacia, disciplina y combate a la corrupción.
Con un total de 362 votos a favor, la reforma superó fácilmente el umbral necesario para modificar la Constitución, a pesar de las protestas y advertencias de la oposición, que denunció que la seguridad pública del país está siendo militarizada. Desde 2019, cuando la Guardia Nacional fue creada bajo la premisa de un cuerpo policial civil adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), su naturaleza militar ha sido un tema recurrente de debate. Esta reforma cambia por completo esa narrativa, estableciendo que la Guardia Nacional estará integrada por personal militar con formación policial y dependerá de la Sedena.
Uno de los argumentos clave de López Obrador para defender la reforma ha sido la necesidad de evitar que se repitan los errores cometidos por la extinta Policía Federal, a la que considera corrupta e ineficaz. El presidente ha insistido en que poner la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército garantizará su incorruptibilidad. Además, en sus últimas semanas de gobierno, ha sido enfático en señalar que su sucesora, Claudia Sheinbaum, continuará con este legado y que no se permitirán abusos de poder por parte de las Fuerzas Armadas, ya que, en última instancia, el poder militar reside en el Ejecutivo.
El oficialismo ya había intentado consumar este traspaso en 2022 a través de una reforma de leyes secundarias, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bloqueó el proceso, alegando que iba en contra de la Constitución, que estipula que la seguridad pública debe estar bajo control civil. Ahora, con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados han logrado el respaldo necesario para hacer esta reforma, y la SCJN parece estar en una posición menos capaz de intervenir, en parte debido a los recientes cambios en el sistema judicial impulsados también por el gobierno.
Con los cambios aprobados, la GN será una fuerza de seguridad pública, permanente y profesional, bajo el mando militar. No obstante, para suavizar las críticas sobre la militarización, se especifica que la SSPC continuará siendo la responsable de diseñar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, mientras que la Guardia Nacional solo ejecutará esas estrategias.
Otro cambio significativo es que la Guardia Nacional ahora tendrá facultades de investigación, no solo de persecución de delitos, poniéndola al nivel de las fiscalías y las policías. Esto ha despertado preocupación entre algunos analistas, quienes temen que se refuerce aún más el poder de los militares en áreas que tradicionalmente han sido responsabilidad de autoridades civiles.
La aprobación de esta reforma marca un hito en la agenda de López Obrador, quien, a poco tiempo de dejar la presidencia, ha logrado uno de sus objetivos más controvertidos. A medida que México avanza en este proceso, será clave observar el impacto que esta decisión tendrá en la relación entre el poder civil y militar, así como en la protección de los derechos humanos y las libertades ciudadanas.
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