Por Luis Fernando Heras Portillo
Una vez más, el sistema eléctrico nacional ha sucumbido ante la incompetencia y la falta de visión de aquellos que deberían velar por su correcto funcionamiento. Ayer, en un lamentable episodio, al menos 11 estados de la República Mexicana se vieron sumidos en la oscuridad debido a fallas en el suministro eléctrico. ¿Los culpables? Las decisiones erráticas de quienes ostentan el poder, en particular, Manuel Bartlett, una figura que ha demostrado ser más hábil en la manipulación política que en la gestión eficiente de un sistema vital para el país.
Bartlett, un político de la vieja guardia, ha protagonizado una serie de desaciertos a lo largo de su carrera. Recordemos su papel en el controvertido proceso electoral de 1988, donde su gestión desencadenó acusaciones de fraude y manipulación. Hoy, décadas después, nos enfrentamos a una crisis eléctrica que pone en evidencia su incompetencia una vez más. ¿Acaso no es hora de que este país deje de confiar en individuos cuya única destreza parece ser la habilidad para esquivar responsabilidades?
El problema de fondo radica en la falta de *expertise* en la gestión del sistema eléctrico nacional. En lugar de contar con expertos en la materia al frente de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), nos encontramos con políticos que, lejos de entender las complejidades técnicas y operativas, priorizan sus intereses partidistas sobre el bienestar de la nación. Bartlett, con su trayectoria marcada por vaivenes políticos y escasos logros tangibles, encarna esta peligrosa tendencia de colocar la lealtad política por encima del mérito y la competencia.
La crisis eléctrica no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una serie de decisiones erróneas y negligentes. La persistencia en el uso de combustibles contaminantes en plantas de generación eléctrica, en pleno siglo XXI, es un ejemplo claro de la falta de voluntad política para abordar los desafíos del cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras el mundo avanza hacia fuentes de energía renovable y sostenible, México parece estancado en un pasado contaminante y obsoleto.
La reciente tragedia en Cadereyta, donde un incendio en instalaciones petroleras puso en riesgo la salud y la seguridad de los habitantes locales, es otro recordatorio de los peligros de una gestión irresponsable de los recursos energéticos. ¿Cuántas veces más debemos enfrentar crisis provocadas por la negligencia y la falta de previsión?
Es hora de exigir un cambio radical en la manera en que se gestionan los recursos energéticos en México. La transición hacia una matriz energética más limpia y sustentable es imperativa, y esto solo puede lograrse con líderes comprometidos con el bienestar del país, no con sus propios intereses políticos. Es momento de dejar atrás el nepotismo y la corrupción que han plagado nuestras instituciones durante demasiado tiempo y dar paso a una nueva generación de líderes capacitados y éticos.
La crisis eléctrica de ayer es un llamado de atención que no podemos ignorar. Es el resultado de décadas de negligencia y mala gestión por parte de aquellos que han sido investidos con la responsabilidad de proteger los intereses de la nación. Si queremos evitar futuras tragedias y construir un futuro próspero y sostenible para todos los mexicanos, es hora de tomar medidas drásticas y exigir cuentas a aquellos que han demostrado ser incapaces de cumplir con su deber. El cambio es posible, pero depende de nosotros exigirlo y luchar por él con determinación y unidad.
“La Marea Rosa: Una Defensa Ciudadana Ante la Amenaza del Autoritarismo”
En medio de la vorágine política que atraviesa México, la titular del INE, de apellido Taddei, ha desatado una polémica al anunciar que los costos de la marcha rosa, símbolo de la lucha por la democracia y la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), podrían ser cargados a la candidata opositora, Sos Chilgalves. Esta declaración, que algunos ven como perversa y otros como perfecta, refleja la complejidad y las tensiones que rodean el panorama electoral del país.
La marcha rosa, que reunió a más de un millón de ciudadanos, surge como respuesta a la amenaza de intervención política en el INE y a los intentos de deslegitimar su labor. Es un símbolo de la resistencia ciudadana ante los embates del autoritarismo y la manipulación partidista. Sin embargo, la propuesta de cargar los costos de esta movilización a la candidata opositora plantea interrogantes sobre la imparcialidad y la autonomía del órgano electoral.
Por un lado, algunos ven esta medida como una maniobra política destinada a desincentivar la participación en la marcha rosa, al hacer que sus costos recaigan sobre la candidata que la apoya. Esta visión denota una clara carga partidista y sugiere un intento de coartar la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica.
Por otro lado, hay quienes defienden esta decisión como un acto de justicia y equidad. Argumentan que, dado que la marcha rosa es respaldada por una candidata política, no sería injusto que ella asumiera los costos asociados a su organización y realización. Sin embargo, esta perspectiva obvia un aspecto fundamental: la naturaleza ciudadana y espontánea de la marcha rosa y otras expresiones de protesta similares.
La marcha rosa y las manifestaciones ciudadanas que la precedieron son ejemplos de movimientos populares que surgen desde la base, sin el respaldo ni la manipulación de partidos políticos. Son expresiones genuinas de la voluntad y la indignación de la sociedad civil ante la amenaza de un retroceso democrático y el avance del autoritarismo. Pretender equipararlas con eventos políticos organizados y financiados por partidos es un error que revela una profunda falta de comprensión de la realidad social y política del país.
Es importante recordar que la marcha rosa y otras manifestaciones ciudadanas son financiadas por los propios participantes, quienes sacrifican su tiempo, recursos y, en muchos casos, su seguridad para expresar su descontento y defender sus derechos. No dependen del dinero del gobierno ni de recursos públicos, como sí ocurre con los eventos y la publicidad política organizada por los partidos en el poder.
En este contexto, la propuesta de cargar los costos de la marcha rosa a una candidata opositora no solo es injusta, sino también irrelevante. La marea rosa, alimentada por la indignación y el compromiso cívico de los mexicanos, seguirá su curso, desafiando cualquier intento de coacción o manipulación. Porque, al final del día, son los ciudadanos quienes tienen el poder de cambiar el rumbo del país, y ninguna artimaña política podrá detener su determinación y su voluntad de luchar por una democracia verdadera y un futuro mejor para todos.
COMMENTS