La violencia en el transcurso de las campañas políticas en México ha alcanzado proporciones alarmantes, marcando un récord en la historia electoral del país. Desde el 1 de septiembre hasta el 1 de abril, casi 400 personas vinculadas a las campañas políticas han sido afectadas por actos de violencia política, abarcando un amplio espectro que va desde amenazas hasta secuestros y asesinatos, según un informe de la firma de consultoría Integralia, con sede en la Ciudad de México.
Entre las víctimas de esta violencia, se cuentan 127 candidatos, de los cuales lamentablemente 24 perdieron la vida. Es notable que más de la mitad de estos candidatos asesinados pertenecían a Morena.
La intensificación de las campañas electorales ha coincidido con una escalada de violencia que ha capturado la atención nacional. El reciente asesinato a tiros de Gisela Gaytán, candidata morenista a la alcaldía de Celaya en el estado de Guanajuato, durante un acto de campaña, ha generado conmoción en todo el país.
El informe del Laboratorio Electoral revela un aumento significativo en los casos de violencia electoral en comparación con procesos anteriores. El número de agresiones, incluyendo asesinatos, amenazas y atentados, ha aumentado de manera alarmante.
Aparte de los asesinatos, las formas más comunes de agresión incluyen amenazas, ataques con armas de fuego, secuestros y desapariciones. Los candidatos representan el 32% de las víctimas de estas agresiones, seguidos por funcionarios y exfuncionarios gubernamentales, así como políticos y expolíticos, y finalmente, familiares.
La violencia se concentra principalmente en el occidente y centro del país, siendo Guerrero, Michoacán y Morelos los estados más afectados.
Además de la violencia física, es importante destacar que estos actos trascienden al ámbito digital. Se han observado campañas negras en internet, donde se utilizan cuentas falsas y anónimas para difamar y denigrar a los contrincantes políticos. Estas prácticas, amparadas en un anonimato cobarde, representan una forma insidiosa de ataque que socava la integridad del proceso electoral, atenta contra el debate público, minando la confianza en las instituciones democráticas.
Es fundamental abordar este fenómeno y fortalecer las medidas para combatir la desinformación y proteger la integridad del proceso democrático en todos los ámbitos, tanto físicos como digitales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado la violencia registrada durante el Proceso Electoral 2023-2024, achacando la percepción de inseguridad a “un asunto de publicistas” y acusando a algunos participantes de buscar generar miedo por motivos políticos.
La realidad es que la violencia en las campañas electorales es un problema persistente. Aunque en algunos estados parece estar ausente, como en Hidalgo, es crucial abordar la situación antes de que ocurran tragedias similares a las de Celaya.
Es necesario un enfoque integral para abordar este problema, involucrando a los gobiernos estatales, federales y a los partidos políticos en la implementación de estrategias efectivas de seguridad. La transparencia en la recopilación de datos y la colaboración entre las autoridades y los partidos políticos son fundamentales para prevenir futuros actos de violencia durante el proceso electoral.
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