En una audiencia que se prolongó por dos días, el juez estatal Daniel Ramírez Peña emitió un fallo que ha sorprendido a muchos en el caso que involucra a la constructora española OHL y su sucesora, Aleática, respecto a la concesión del Viaducto Bicentenario. La Fiscalía General de la República (FGR) había presentado acusaciones contra estas empresas por la presunta explotación ilegal de una vía que pertenece al dominio público federal. Sin embargo, el fallo del juez determinó que no existían suficientes pruebas para respaldar estas acusaciones, otorgando así un revés judicial a la Fiscalía.
El caso del Viaducto Bicentenario, una vialidad elevada de 22 kilómetros construida sobre la carretera México-Querétaro, ha sido objeto de controversia desde su concesión en 2008 por el Gobierno del Estado de México, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto. La Fiscalía argumentó que esta concesión fue ilegal, ya que según las leyes mexicanas, solo el Gobierno federal tiene la facultad de conceder permisos de explotación sobre vías generales. Sin embargo, el juez Ramírez Peña consideró que no se había demostrado la existencia de un delito en este caso y decidió archivar el expediente.
La decisión del juez ha provocado una reacción inmediata por parte de la Fiscalía, que ha anunciado su intención de impugnar la decisión ante un tribunal colegiado y de denunciar al juez por presuntas irregularidades en su conducta durante la audiencia. Además, el abogado Paulo Díez, quien presentó muchas de las denuncias contra la compañía y tenía el carácter de víctima en el caso, ha manifestado su intención de presentar una queja en la Judicatura contra el juez Ramírez.
Durante la audiencia, se señaló que el juez Ramírez mostró una falta de imparcialidad al criticar a los fiscales por la supuesta deficiencia en la presentación de los cargos, antes de conocerlos por completo. Esta actitud generó una petición por parte de los fiscales para que el expediente fuera turnado a otro juzgador, solicitud que fue rechazada por Ramírez. La Fiscalía también destacó que el juez se negó a reconocer el carácter de víctima al abogado Díez, a pesar de una resolución previa que le otorgaba esa calidad.
El caso involucra a varios altos funcionarios, incluido el exdirector de OHL-Aleática, Rubén López Barrera, y a dos exdirectivos, Sergio Hidalgo Monroy Portillo y José Andrés de Oteyza. Este último fue presidente del Consejo de Administración de OHL México hasta 2015, cuando renunció tras salir a la luz una serie de escuchas telefónicas que sugerían posibles actos de corrupción. La Fiscalía también acusó a cuatro exfuncionarios de la Administración de Alfredo del Mazo en el Estado de México (2017-2022) por su presunta participación en un convenio para “legalizar” la concesión entregada a OHL.
Aleática, por su parte, ha celebrado la decisión del juez de cerrar el expediente, argumentando que la concesión del Viaducto Bicentenario fue obtenida legalmente y en un proceso de licitación competitivo. Sin embargo, este caso ha generado preocupación sobre la legitimidad de las acciones del gobierno estatal en el otorgamiento de la concesión y ha planteado interrogantes sobre el manejo de los bienes nacionales entregados a particulares durante la época del PRI.
En resumen, el fallo del juez en este caso ha generado un gran debate y destaca la importancia de la independencia judicial y la transparencia en los procesos legales relacionados con la concesión de infraestructura pública en México.
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