Por David Guirado
En un intento por responder a la devastación causada por el huracán Otis en Acapulco, el gobierno mexicano y el Poder Judicial han emprendido una colaboración inusual. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que los fideicomisos del Poder Judicial, que se encuentran en peligro de desaparecer debido a una nueva ley, sean redirigidos hacia la asistencia de los afectados por el huracán Otis. La propuesta, aunque noble en su intención, enfrenta desafíos legales y logísticos considerables que plantean dudas sobre su viabilidad.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha entregado un documento a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, para dar inicio a este proceso de entrega de recursos a Guerrero. Este gesto de colaboración entre el Ejecutivo y el Judicial merece reconocimiento, pero la viabilidad de esta propuesta está en tela de juicio.
Uno de los principales problemas radica en que destinar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial a las personas damnificadas por el huracán Otis podría estar en conflicto con la Constitución, las leyes y una suspensión provisional dictada por un juez. Esto plantea interrogantes sobre la legalidad de esta medida, y algunos expertos señalan que podría afectar los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, cuyas aportaciones también forman parte de estos fideicomisos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 127, establece que no se pueden modificar las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial. Esto plantea un serio obstáculo para la redistribución de los fondos de los fideicomisos, ya que se estaría vulnerando los derechos de los trabajadores que han contribuido a estos fondos.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha destacado que algunos de estos fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, como pensiones, vivienda, cobertura de salud y retiro. Estos no son beneficios adicionales, sino derechos adquiridos por los trabajadores, lo que hace que la propuesta de redistribución sea aún más problemática.
Otro desafío surge de la manera en que los recursos de los fideicomisos serían administrados. Según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estos recursos primero deben pasar por sus respectivas tesorerías antes de ser redistribuidos. Esto significa que la Tesorería del Poder Judicial tendría influencia en la decisión sobre el destino de los fondos antes de que lleguen a la Tesorería de la Federación. Este proceso puede obstaculizar la rápida entrega de fondos a las personas afectadas por el huracán Otis.
A pesar de estos obstáculos legales y logísticos, la propuesta del presidente López Obrador y la disposición de la ministra presidenta Norma Piña de dialogar con el Ejecutivo son señales positivas de que se busca ayudar a los afectados por Otis. Sin embargo, se necesita un enfoque más claro y legalmente sólido para garantizar que estos recursos lleguen a quienes más los necesitan con eficacia y transparencia.
La reconstrucción de Acapulco después de los estragos causados por el huracán Otis es una tarea crucial. La ciudad enfrenta la pérdida de vidas humanas y una devastación material significativa. La propuesta de redistribuir los fondos de los fideicomisos es una oportunidad de tener un final feliz en todo el asunto con la SCJN, pero debe hacerse con el debido control y supervisión para garantizar que los recursos se utilicen de manera transparente y eficaz. Una posible solución podría ser la creación de una empresa público-privada encargada de la reconstrucción de Acapulco, que incluya a la iniciativa privada, autoridades y ciudadanos, y rinda cuentas a la sociedad. Esto podría evitar el uso discrecional de los recursos públicos y garantizar la transparencia en el proceso de reconstrucción.
La reconstrucción de Acapulco no debe basarse en el asistencialismo y las dádivas, sino en la transparencia, la productividad y la eficiencia. Es hora de que el gobierno, el empresariado y la sociedad civil unan fuerzas para llevar a cabo esta tarea monumental. La reconstrucción de Acapulco debe ser una oportunidad para transformar la ciudad en un lugar mejor, libre de corrupción y criminalidad, donde la comunidad pueda prosperar de manera sostenible.
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