Revés para AMLO: SCJN inválida el ‘Plan B’ de la Reforma Electoral
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado el golpe final y ha anulado por completo el llamado “plan B” electoral del Gobierno de López Obrador. Este plan, consistía en una serie de reformas con las que el Presidente buscaba limitar los recursos y las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo encargado de organizar las elecciones en México. Sin embargo, la máxima instancia judicial del país ha resuelto que las reformas fueron aprobadas de manera irregular y violaron el debido proceso legislativo.
Con nueve votos a favor, la SCJN ha declarado que las modificaciones realizadas por el Congreso para aprobar el ‘Plan B’ implicaron violaciones graves al proceso legislativo. Estas violaciones, incluyen la aprobación de modificaciones a cientos de normas en cuestión de horas, sin que los legisladores tuvieran tiempo suficiente para revisarlas. El plan B, fue respaldado por la mayoría oficialista conformada por el partido Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo.
La anulación de este plan, pone fin a uno de los episodios más conflictivos del gobierno de López Obrador, sin embargo, abre las puertas a un posible ‘plan C’ para septiembre de 2024. La reforma al sistema electoral era uno de los proyectos políticos prioritarios del Presidente. Inicialmente, López Obrador intentó una reforma constitucional profunda que incluía la remoción de todos los integrantes del INE y del Tribunal Electoral, así como la elección de legisladores mediante listas estatales.
Sin embargo, al no contar con las mayorías necesarias en el Congreso para modificar la Constitución, se recurrió al plan B, que consistía en reformas a leyes secundarias.
El plan B, se dividió en dos partes. La primera reforma, tenía como objetivo permitir a los funcionarios públicos, especialmente al Presidente, hacer posicionamientos políticos, promover su imagen, obras y la de su partido. La segunda parte, pretendía modificar varias leyes electorales, restringía el presupuesto y las facultades del INE. Estas reformas, fueron impugnadas por los partidos de oposición y grupos de activistas, quienes las consideraron una medida para controlar y manipular las elecciones.
La SCJN no analizó la constitucionalidad de las reformas en sí, sino que se centró en las violaciones al proceso legislativo. Los ministros consideraron que las irregularidades fueron lo suficientemente graves como para invalidar las modificaciones. Solo las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, propuestas por López Obrador, votaron en contra de la anulación, argumentando que las violaciones no eran lo suficientemente serias.
Entre las irregularidades señaladas, se encuentra la falta de publicación anticipada de las iniciativas en la Gaceta Parlamentaria, así como la aprobación sin justificación de una dispensa de trámite que impidió el dictamen en comisiones y permitió su aprobación en una misma sesión en cuestión de horas. Además, se menciona una cláusula introducida de último momento que permitiría al partido Morena repartir votos a sus aliados para garantizar su subsistencia política.
La ministra Esquivel ha afirmado que la tarea de la Suprema Corte no es juzgar los procedimientos legislativos, sino analizar la constitucionalidad.
Este evento, es ejemplo de la importancia de los contrapesos de poder como materia esencial para la vida democrática de un país, ya que evita la concentración de poder, cuida que se cumpla la constitución, fomenta el diálogo político, controla el ejercicio del poder y promueve la rendición de cuentas de los gobernantes. A final de cuentas son estos elementos los que contribuyen al fortalecimiento y la estabilidad de la vida democrática del país.
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