La Fiscalía General de la República anunció la semana pasada que investigaba al expresidente Enrique Peña Nieto por los delitos de fraude, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en la que sería la primera confirmación oficial de una investigación de ese tipo por parte de fiscales federales.
Sin embargo, para muchos mexicanos no queda claro de inmediato si el anuncio se trata en realidad de un paso para buscar justicia o corresponde a una mera maniobra política.
Al ex presidente Peña Nieto se le ha acusado de participar en varios esquemas ilegales y de direccionar millones de dólares en sobornos mientras estuvo en la silla presidencial, pero lo cierto es que las autoridades mexicanas aún no han presentado cargos en su contra.
Si las indagatorias llevan a EPN a juicio, se trataría de una hecho sin precedentes en México, un país en el que históricamente muchos presidentes han sido acusados de corrupción, pero ninguno de ellos ha sido juzgado.
En el caso de Enrique Peña Nieto, la Fiscalía parece tener muchos elementos necesarios para concretar un proceso judicial. Las investigaciones de la FGR llevan dos años en curso antes de ser anunciadas el pretérito martes.
Aunque el comunicado oficial de la oficina del Fiscal General proporcionó poca información sobre si serán presentados los cargos, o de cuándo se evidenciarían, indicando que los fiscales esperaban “pruebas indispensables”.
Parte de este escepticismo está relacionado con la creciente preocupación por el principal fiscal de México, Alejandro Gertz Manero, quien este último año ha sido cuestionado por su seguimiento a casos considerados como políticamente motivados o impulsados por sus propias venganzas personales.
El fiscal Gertz Manero tampoco ha logrado la condena de ninguna figura importante en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la última década: Los sobornos pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos públicos en toda Latinoamérica.
Sobran motivos para pensar que el juicio contra Enrique Peña Nieto se debe a que el PRI rompió el pacto de impunidad que incluía que los diputados del tricolor votaran a favor de la reforma eléctrica y también a la proximidad de las elecciones en el Estado de México, donde el grupo Atlacomulco -en el cual el expresidente tiene gran influencia- hace su esfuerzo por mantener el poder y se opondría con todo a un triunfo de Morena, partido que ya definió que su candidata a gobernadora sea Delfina Gómez Álvarez.
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