Es verdaderamente preocupante lo que pasa en el Ayuntamiento de Hermosillo, donde las protestas han ido de menos a más, traspasando más allá de las paredes del palacio municipal, el cual se ha encontrado prácticamente sitiado por manifestantes casi los tres meses que llevamos de año, es decir, la mitad de la administración.
Yo no recuerdo en mi incipiente carrera periodista, una administración tan desgastada en su inicio de gobierno, donde los insultos y mentadas de madre no solo lo plasman los carteles de los protestantes a las afueras del palacio, donde ponen al alcalde como ratón, sino que las protestas ya han subido de tono y lo han insultado en su propia cara.
Y no es para menos, estas protestas surgen a partir de quitar unas prestaciones a jubilados y pensionados del ayuntamiento, derechos acordados y adquiridos con anterioridad. Este tema no solo ha expuesto la poca sensibilidad, nula empatía y tacto social del ayuntamiento, sino la soberbia, avaricia y mezquindad de quienes gobiernan Hermosillo.
Pero también la falta de humildad de reconocer que se equivocaron y enmendar el error, y al contrario, su negligencia sigue costando vidas de estas personas de la tercera edad. Quienes han visto mermada su calidad de vida por el recurso retenido y sobre todo la seguridad social con la que contaban antes de la llegada del Toño.
Y digo que estas protestas enérgicas no solo han quedado atrapadas dentro de las vallas que cercan todo alrededor del palacio municipal, sino que ya llegaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por supuesto, han hecho eco en el recinto del poder legislativo de la entidad, dígase el Congreso del Estado.
Desde hace quince días la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, debió llamar a Toño Astiazarán a comparecer por lo que no ha acatado las recomendaciones de la CEDH sobre restablecer los derechos a los jubilados y pensionados, esto una vez de determinar que sí estaba violentado los derechos de sus trabajadores.
Sin embargo, hasta el momento no ha habido la voluntad política en el Congreso de llamar a cuentas al alcalde de Hermosillo, mientras que la autoridad municipal pareciera que lo que quieren es que el tema se vaya al Tribunal de Justicia Administrativa, es decir, hacerles tardadas y patearle el bote al próximo ayuntamiento de Hermosillo.
Aunque esto signifique un impass trágico, pues mientras se resuelve este tema no pagarán ni un quinto y lamentablemente seguirán muriendo jubilados, como ya ha sido el caso en lo que va de esta administración, donde seguimos viendo a adultos mayores sin una pensión digna y sin servicios médicos de especialización.
Hay una esperanza, el amparo y posible alegato sobre la violación de la garantía de audiencia que supuestamente pudo haber sucedido cuando se les modificó el contrato colectivo a estos pensionados y jubilados, sin habérselo participado previamente o bien consultados con ellos en el mejor de los casos.
Ahora el Congreso, tiene la oportunidad para reivindicar un poco su papel como instancia mayor e imagen frente a la ciudadanía, convocando a comparecer Toño Astiazarán sobre el caso omiso a la CEDH, si esto no sucede es evidente que hay negociaciones políticas, obedeciendo intereses ajenos a los afectados.
Una última instancia según Rosa Elena Trujillo es que el titular de la CEDH de Sonora al no ver respuesta, impulse una denuncia ante el ministerio público o bien ante las autoridades competentes. Sin embargo, hay que decirlo con toda claridad, si no hay voluntad política este tema seguirá siendo el gran pendiente de esta administración.
Y de las protestas enérgicas pasamos a las patrullas eléctricas, ya que es un tema que podría escalar otras dimensiones, por la ambigüedad, discrecionalidad y opacidad que se ha manejado todo alrededor del tema.
Primero, se anuncia con bombo y platillo las patrullas, pero termina en una sonora trompetilla, cuando llegaron las primeras motitos eléctricas, que verdaderamente se ve más grande el policía que la moto ecofriendly.
En diciembre, se empezó a socializar el tema, pero la decisión ya estaba tomada, aunque se hablaba del concurso de varias empresas, se tenían ya establecidos los montos y cifras del arrendamiento, mismos que hoy se manejan.
No sabemos a la fecha si fue adjudicación directa o si hubo una licitación, pero la empresa que supuestamente ganó está en Tamaulipas y aquí les costará a los hermosillense aproximadamente 40 mil pesos mensuales cada unidad.
Es decir, el municipio de Hermosillo desembolsará 8 millones de pesos mensuales por toda la flotilla durante los próximos 28 meses, pagando al final del día solo por renta de estas unidades el total 224 millones de pesos.
Si esto no es una privatización de la seguridad pública en Hermosillo, es algo muy parecido, pues ya veremos si esta empresa se hace cargo del mantenimiento o todavía el ayuntamiento tendrá que pagar por eso.
Y si bien se manejó que después de rentar por 224 millones de pesos estas unidades, el ayuntamiento pagaría un saldo residual para que las unidades pasen a ser patrimonio municipal, hoy se manejan otras versiones.
Si es que llegan las patrullas a esas fechas, dicen ahora que los policías podrán adquirir las unidades en abonos, lo cual es contradictorio y un absurdo total, puesto que no se puede vender un bien público así de fácil a un empleado.
En todo caso el acuerdo sería de los patrulleros con la empresa, mientras que el ayuntamiento estaría tirando el dinero a la basura, pues si bien dará uso a las unidades, con esos millones de pesos bien pudo adquirir unidades nuevas.
Difícilmente en 28 meses se van a conservar en buen estado 220 patrullas, pues seguramente muchas terminarán en el cementerio de patrullas que se ha convertido las comandancias, corralones municipales y talleres varios.
Hay dos eventos que me preocupan mucho, primero la reunión con el gobernador Durazo, donde se vio el espaldarazo al Toño. Y entiendo en cierta parte al mandatario, pues es su tema, la falta de patrullas y elementos en la entidad.
El segundo evento fue la presentación de las patrullas, todo un performance, con parafernalia política, donde hasta vino el dirigente nacional del PAN, entre otras personalidades, todos felicitando al alcalde Astiazarán.
Pero, ¿por qué los felicitan por un arrendamiento o una concesión pública?, cuando eso es lo más fácil que puede hacer un Ayuntamiento, cuando no tiene la capacidad de brindar un servicio o la capacidad financiera de adquirir las cosas.
Yo esperaría que lo felicitarán mejor, cuando reduzcan los tiempos de respuesta a la gente que tiene una emergencia, o bien cuando se reduzcan los índices delictivos de la capital, pero no cuando saques un leasing por 224 millones de pesos.
Esto refleja de pies a cabeza el gobierno municipal que está resultando el de Astiazarán, una administración desenfocada de la realidad, donde se prioriza lo banal y lo superficial, antes de lo verdaderamente importante y lo esencial para la gente.
Quiero pensar que el Toño puede rectificar el camino, pero sinceramente considero que, si no mueve a la gente dañina de su gabinete, difícilmente veremos un cambio en el rumbo del ayuntamiento de Hermosillo. Menos si sigue con esa actitud.
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