Estas líneas…
Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS, Son.- Hace décadas, el destino turístico de San Carlos es afectado por gente cuyo fin es echarse algo a la bolsa, ajeno al daño provocado a la imagen del lugar, a la gente, incluso a empresarios de verdad cuyo arribo es siempre bienvenido, porque arriesgan sus capitales a favor del desarrollo.
Hoy la comunidad percibe un “deja vu”, al revelarse operaciones con suelo en el cercano pasado propiedad de ejidatarios, convertidos en dueños al modificarse la ley buscando estimular inversión de estos beneficiarios o interesados en asociarse con ellos.
Los procedimientos para vender suelos, sin embargo, están entre la estafa y el fraude, que se parecen mucho, pero vea que interesantes los conceptos:
Un delito de estafa consiste en engañar a otro con ánimo de lucro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno; es provocar engaño a otra persona a la que se causa, con ánimo de lucro, un perjuicio patrimonial.
El fraude, un acto ilegal realizado por una o varias de las personas físicas o morales que se encargan de vigilar el cumplimiento de contratos públicos o privados para obtener algún provecho perjudicando los intereses de otro.
Desde hace años, es voz pópuli el “dejar pasar, dejar hacer”, por parte de la autoridad reguladora de estas operaciones. El Gobierno del Estado, concretamente, cuya ausencia es notoria al momento de obligar al vendedor a pagar los trámites de subdivisión, factibilidad e introducción de servicios, registro de operaciones; y en lo federal, el celoso requisito del impacto ambiental y el permiso de Ecología, etc.
La denuncia que exponen unos 600 compradores de lotes “a bajo precio” (ni tan bajo, pues no hay servicios y en algunos casos superan los 50 dólares el metro).
También el Ayuntamiento evadió responsabilidades. Hay quien jura mirando de frente que el ex síndico, Martín Adán Ruelas Velderráin –disfrazado como Martín Ruelas al registrarse como aspirante a regidor suplente en el actual Cabildo—, hasta promovía esas operaciones dudosas, argumentando ante la duda, que “no pasa nada” y hasta hace poco fue parte de quienes hoy demandan.
Hasta opinó que el tubo de agua introducido por una empresa que el vulgo identificaba como propiedad del ex vocal ejecutivo de Comisión Estatal del Agua, Sergio Ávila, pasaría por esos suelos y de allí se conectarían, como se haría más tarde con la luz y demás servicios, que por razones de interés social debería introducir el Ayuntamiento. Se tardaba, presionarían políticamente creando un grupo de ciudadanos afectados, liderados por un activista de alguna sigla grilla. Fácil ¿no?
Hubo excelente asesoría política desde Hermosillo, pero resulta que esos asesores habrían sugerido y aplicado métodos hoy son motivo de 23 carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía General de Sonora, que generaron revisiones en notarías públicas acusadas de falsear declaraciones y documentos.
Y aquí es donde se preocupa la gente que compró de buena fe, pues lo habría hecho ante notario, el fedatario público, el dueño de la confianza según la teoría que le concede la patente para vigilar el cumplimiento de contratos públicos o privados. Y qué decir del Catastro o el Registro Catastral y Registral. Está grande la trama.
Si se revisan las operaciones, tal vez solo se encuentren promesas de venta. Si van más allá, podrían comenzar a tapar tanta puerta abierta a la leperada.
Como siempre, el ciudadano acude a la autoridad más cercana, que es el Ayuntamiento, y así comienza a realizarse la “promesa”.
El secretario del Ayuntamiento, Tino Sarabia, aceptaba que debe atenderse a esa gente aun cuando es un tema entre particulares y que el contacto de usufructo está viciado de origen.
El significado de eso es, que los compradores deberán demandar al dueño del terreno adjunto, para exigir un paso de servidumbre, porque ahora viven un estado de indefensión ante el problema.
Coadyuvará la comuna, pero también, lo aclara el responsable de la política interna del Ayuntamiento, buscará junto con otras dependencias alternativas de solución, como son Control urbano, Sindicatura, Infraestructura Urbana y la propia Secretaría que ¿dónde estaban los últimos tres años?
La respuesta es, apoyando estos “desarrollos campestres”, Vista Azul, Paraíso y Mar de Cortés, a cambio de… ¿qué?
Rosario Parra, una de las personas afectadas, pidió –a conejo ido, pedradas al matorral– saber si los terrenos cuentan con los permisos municipales.
Y más vale tarde que nunca, van a crear un comité legal para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado por fraude, en contra de las personas que aparecen en el contrato de compra venta notariado.
Sería bueno comenzar por allí y que no se oculten nombres, porque es como la oscuridad hace retrasar los procesos.
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