Matrimonios igualitarios, el gran pendiente del Congreso.
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Por Solangel Ochoa
La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.
Sin duda, la llegada de una nueva legislatura esta marcada también por retos importantes, no obstante, hablemos del gran pendiente heredado por la anterior legislación, me refiero al tema de matrimonios igualitarios que permite la unión civil de personas del mismo sexo. Han pasado doce años desde que en diciembre del 2009 la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en aprobarlo, desde entonces a la fecha suman ya 22 entidades federativas en las que las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio.
En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las legislaciones que impiden el matrimonio igualitario son, de hecho, inconstitucionales. En la jurisprudencia 43/2015 se dispone que ninguna norma jurídica debe vincular el matrimonio a la procreación ni limitar su celebración únicamente entre un hombre y una mujer, y bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual.
Lo anterior implica que el Código de Familia de Sonora es inconstitucional y que a pesar que la comunidad LGTB ha exigido al Congreso local que legisle en la materia, la legislatura saliente no logró el consenso en las comisiones para que el dictamen pasará a pleno. Así mismo, la sentencia emitida por el Juez Decimotercero de Distrito de Sonora ordenó modificar los artículos 2, 11 y 102 del Código de Familia de la entidad, a fin de “hacerlos congruentes con los principios de igualdad y no discriminación”. La respuesta del gobierno Claudia Pavlovich fue presentar un recurso de impugnación donde se solicita revocar la sentencia y dictar otra en la que se niegue el amparo a las partes quejosas.
En consecuencia de lo anterior tuve la oportunidad de cuestionar al gobernador electo, Alfonso Durazo, si una vez que tome protesta como gobernador pedirá a la consejería jurídica desistir de dicha impugnación a lo cual respondió: “no, pero vamos a hacer la parte que a nosotros nos corresponde porque finalmente esa iniciativa no cancela la posibilidad de que haya matrimonio igualitario, la única diferencia es que lo solicitas de manera individual o se convierte en un derecho universal”, su declaración hace referencia a que, efectivamente, las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio pero solo mediante un juicio de amparo, un trámite tardado y costoso.
En caso de no existir dicha impugnación, el mencionado amparo obligaría al Congreso del Estado a legislar en materia de matrimonios igualitarios antes de finalizar el siguiente período legislativo, es decir, antes del 15 de diciembre del presente año. Si el ejecutivo estatal decide seguir con la impugnación, el Congreso no estará obligado a legislar, sin embargo, el hecho de que no esté obligado no significa, necesariamente, que no puedan retomar el tema y ponerlo sobre la mesa. De hacerlo, incluso con un recurso de impugnación de por medio, hablaría muy bien de la presente legislatura y dejaría una primera impresión de la voluntad política para hacer que las cosas sucedan y que contemos con una legislación más justa. De ser así, esta legislatura podría lograr que los valores progresistas de la 4T sean una realidad en el Estado, sobre todo, hacer valer la mayoría de mujeres en los curules y legislar con perspectiva de género, para poner en la agenda la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres así como la despenalización del aborto.
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