Por Jesús Donaldo Guirado
En días recientes ha resurgido una hipótesis que, aunque aún no se traduce en propuesta formal, ya inquieta a diversos sectores políticos: adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial para hacerla coincidir con las elecciones intermedias de 2027. La idea, más que una especulación aislada, responde a una lógica electoral palpable en el diseño institucional mexicano.
Las elecciones de 2027 serán particularmente densas. Está previsto renovar 17 gubernaturas, 30 congresos locales, más de 600 presidencias municipales y alrededor de 850 cargos judiciales, dependiendo del estado. En ese contexto, empatar una revocación de mandato con una jornada de tal magnitud no sólo implica un ajuste administrativo, sino una reconfiguración profunda de los incentivos electorales.
Quienes consideran viable este adelantamiento sostienen que podría generar ahorros al unificar procesos, aunque la cifra de 5 mil millones de pesos que circula en versiones no oficiales carece de validación técnica del INE o de la Secretaría de Hacienda. Lo cierto es que un eventual calendario compartido —mencionado extraoficialmente como 1 de junio de 2027— colocaría la consulta en un escenario de participación asegurada.
La Ley Federal de Revocación de Mandato impone dos filtros determinantes:
- Para que el proceso sea vinculante, debe participar al menos el 40 % de la lista nominal, actualmente cercana a 98 millones de personas. Esto equivale a unos 39–40 millones de votantes.
- Para solicitarla, se necesita el 3 % del padrón, distribuido en al menos 17 entidades, requisito que fue satisfecho en 2022 para la consulta sobre el mandato de López Obrador.
Es pertinente recordar que la consulta del 10 de abril de 2022 registró una participación de 17.7 % (15.1 millones de votantes). De ellos, cerca del 91.87 % optó por la continuidad. Aun si la oposición impulsara el proceso en sentido contrario, requeriría movilizar más del doble de la participación alcanzada entonces, y además construir una mayoría adversa al oficialismo.
La oposición tampoco se encuentra en una posición numéricamente favorable. En la elección presidencial más reciente, la suma de los votos de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano fue de aproximadamente 22.7 millones, insuficiente para acercarse al umbral requerido para validar una revocación. La arquitectura legal actual dificulta que una fuerza fragmentada pueda activar un proceso de tal calibre sin una movilización nacional sostenida.
Además, es necesario aclarar un punto jurídico que suele confundirse: si una revocación de mandato prosperara, la Constitución, en su artículo 84, establece que el Congreso de la Unión debe designar a quien complete el periodo presidencial. En ningún caso la Secretaría de Gobernación asume el Ejecutivo de manera automática. Cualquier narrativa contraria responde más a interpretaciones políticas que a la norma.
En este marco, diversos analistas coinciden en que un adelantamiento de la consulta reforzaría la presencia política de Andrés Manuel López Obrador, quien, aunque retirado formalmente, conserva un capital simbólico extraordinario. Su eventual reaparición como articulador o promotor del proyecto oficialista podría amplificar la movilización electoral en favor de Morena y de la presidenta en turno.
La posibilidad de adelantar la revocación de mandato no es únicamente una maniobra táctica: es un rediseño estratégico del escenario electoral. Con una participación naturalmente elevada por las elecciones intermedias, Morena tendría condiciones casi óptimas para superar el umbral legal y convertir la consulta en un ejercicio de legitimación masiva. La oposición, por el contrario, se enfrentaría a una ecuación matemática prácticamente insalvable.
Si esta jugada llega a consolidarse, no sólo redefinirá las reglas del juego político en 2027, sino que consolidará la hegemonía del oficialismo durante el resto del sexenio. La pregunta ya no es si esta estrategia es posible, sino cuánto tardará en convertirse en una realidad legislativa.
Samuel Borbón.- Actor clave para el turismo
Álamos: entre festivales, fe y gobernanza cultural
Por años, Álamos ha vivido entre los claroscuros de la administración pública y la nostalgia de una identidad que parecía desvanecerse entre calles silenciosas y temporadas bajas. Sin embargo, en los últimos meses, el municipio ha comenzado a recuperar un pulso que muchos creían perdido. Y lo está haciendo–curiosamente–no desde la obra pública tradicional, sino desde la cultura, la gastronomía, la fe y la reactivación de su vida comunitaria.
Las imágenes y carteles de los próximos eventos lo confirman: otro festival se suma al calendario creciente de actividades que empiezan a reposicionar a Álamos en el mapa regional. Esta vez se trata del Festival de Plata, Arte y Música, organizado en la Hacienda de los Santos, con una finalidad profundamente social: beneficiar a la Parroquia de la Purísima Concepción y a la Casa Hogar Inmaculada IAP. Más allá del colorido de su programa–que incluye celebraciones litúrgicas, subastas, exposiciones de artistas y cenas de gala–hay un mensaje político transformador: la alianza entre ciudadanía, sector privado e instituciones religiosas para fortalecer el tejido social.
En paralelo, y con un tono más festivo pero igual de significativo, llega el Festival Parrillero “Fuego & Magia”, un evento que mezcla gastronomía, música y causa social. Parrilleros reconocidos, talleres, concursos, mixología con bacanora y un costo accesible están detonando un impulso distinto: el del turismo gastronómico y el de la participación ciudadana con propósito. Todo, a beneficio del cuerpo de Bomberos de Álamos, una institución que históricamente opera con limitaciones, pero que es vital para la seguridad del municipio.
Es aquí donde la administración del presidente municipal, Prof. Samuel Borbón, aparece como un actor clave. Su gobierno ha optado por una estrategia que algunos tacharán de soft politics, pero que está dando resultados visibles: apostarle a la cultura, al arte, a las tradiciones y ahora incluso a la religiosidad como motores de cohesión y reactivación económica. Una apuesta que, más que un simple itinerario de festivales, revela una visión: reconstruir la identidad de Álamos desde lo que siempre logró unir a su gente.
La política municipal suele medirse en pavimento, luminarias o drenajes; sin embargo, pocas veces se reconoce que la vida comunitaria, el turismo y la cultura también son infraestructura, aunque intangible. Son los espacios donde se reparan la convivencia, la economía local y el sentido de pertenencia. Y Álamos está comenzando a capitalizarlo.
De festival en festival, el municipio está recuperando su grandeza. Está dejando claro que no solo tiene historia, sino que también quiere futuro. Un futuro donde la administración pública no se limita a gestionar problemas, sino a generar encuentros, atraer visitantes, apoyar causas sociales y fortalecer a las instituciones locales.
Si este impulso continúa y se consolida como política pública, Álamos podría estar entrando en una nueva etapa: la de un gobierno que entiende que la cultura no es un accesorio, sino una estrategia. Y que la mejor manera de recuperar la viveza de un pueblo es celebrar lo que lo hace único.
Porque en Álamos, hoy la política se escribe con arte, con música, con tradiciones… y también con carne al asador.
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