Mano dura contra evasores fiscales en México

2019-09-16

La semana pasada, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general las reformas que tipifican la defraudación fiscal, para convertirla en delito grave cometido por el crimen organizado.


Con 82 votos de Morena, MC, PVEM, PT, PES y PRD, y 34 del PAN y PRI en contra,dicho dictamen que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal establece que cuando tres o más personas se organicen para cometer -en forma permanente o reiterada- aquellos delitos como contrabando y su equivalente, o defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada.


Es decir, podría enfrentar cárcel quien sea sospechoso de defraudar al fisco, sin derecho a fianza, independientemente que si al final del proceso el ciudadano acusado resulta inocente. De declararse inocente, o haya actuado sin dolo, el contribuyente perderá su casa u otros bienes por la sospecha.


El sector privado ha expresado su preocupación por estos cambios, porque apenas entró en vigor la reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto, poco a poco se han ido sumando empresas al terreno formal y las dudas sobre los nuevos esquemas de facturación siguen siendo muchas. 


Distintas organizaciones de trabajadores han intentado entablar diálogos con el senado para pedir que se rectifica la decisión de considerar la evasión fiscal como delincuencia organizada y que el Estado se enfocara más en ir contra la compra-venta de facturas que sobre la evasión fiscal. Por tratarse de un tema tan amplio deja la puerta abierta a posibles abusos. Ambas peticiones fueron rechazadas.


El gobierno defiende su propuesta al decir que los altos costos de la evasión vulneran la economía mexicana y que actualmente no se cuenta con suficientes “armas” para combatir la evasión fiscal en sus expresiones más graves.


De la propuesta inicial, lo único que pudiera cambiar es subir el monto mínimo de la evasión para ser considerada delincuencia organizada, con miras hacia las cifras de más de 2 millones de pesos. 


Frente a la crítica de la Confederación Patronal de la República Mexicana y de otras organizaciones de trabajadores de señalar la reforma como terrorismo fiscal y las acusaciones de que es un paso hacia un Estado totalitario, el gobierno de la cuarta transformación explica que hay varios filtros: Primero está el SAT y luego la Procuraduría.


Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó que, con esto cambios aprobados en las leyes, exista un terrorismo fiscal como varios han señalado.


“Yo diría que no hay terrorismo fiscal, hay consecuencias a las acciones que se tomen”, subrayó Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, al término de la firma de un convenio con la Iniciativa Privada para combatir precisamente la informalidad y evasión de impuestos.


La titular del SAT comprendió que algunas personas tengan la percepción de que la autoridad está emprendiendo un terrorismo fiscal o una cacería de brujas al venir de una etapa en donde la procuración de justicia, en esta materia estaba muy relajada.


La reforma, pretende atacar una evasión que se calcula en 500,000 millones de pesos.


Son cuatro los esquemas que las autoridades han detectado: el uso de facturas para el desvío de recursos públicos, el abuso de los beneficios fiscales, el outsourcing sucio y el lavado de dinero del narcotráfico. 


En la práctica otorgaría mayores facultades a la Fiscalía General para investigar y perseguir la evasión de impuestos y utilizar métodos como los que utilizan para perseguir a las organizaciones criminales, por ejemplo, intervenir teléfonos; el uso de infiltrados en las empresas o cateos en las instalaciones. Es decir, acercar nuestro esquema fiscal a las políticas públicas de países como Estados Unidos.  


No puedo evitar que se me venga a la mente la serie de drama Breaking Bad, en la que un abogado le explicaba a su cliente de manera un tanto satírica y al mismo tiempo realista que en cuestión de leyes es más alarmante ser evasor fiscal que narcotraficante.


Entre tanto, el bloque opositor en la Cámara de Senadores, encabezado por el PRI e integrado a su vez por PAN, MC y PRD, presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma.


Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI expresó que los priistas están a favor de que se combata la evasión fiscal y a las empresas fantasma que dañan al erario, pero están en contra de la reforma a la que califican como una medida “absolutamente desproporcionada”.


Así mismo, Mauricio Kuri, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, se pronunció en ese sentido agregando que “Lo que está bien se aplaude y se acompaña, y lo que está mal en la ley se critica y se lleva a la Corte”, y que la acción de inconstitucionalidad se presentará en cuanto entre en vigor la reforma, es decir, el primero de enero del año que viene.


Lo que es un hecho es que para el 2020, el gasto que se realice en pensiones, incluido lo que se destina a los trabajadores del sector público, así como las aportaciones que hace el gobierno y los programas sociales relacionados al mismo rubro, superarán a lo recaudado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).


Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, explicó que al pago de pensiones y jubilaciones del sector público se destinarán 965,202 millones de pesos, mientras que a las pensiones no contributivas un total de 138,556 millones de pesos, en tanto, la recaudación del IVA que se estima un total de 1,007,546.00 millones de pesos. 


Todo el pago de pensiones representa el 31.5 % de todos los ingresos tributarios que se esperan obtener en 2020.  Sumado a esto, el panorama es más alarmante si a este pago de pensiones se considerara también el pago de las pensiones de universidades, estados, municipios, las becas a los ninis y otros programas sociales por el estilo.


Incrementar la recaudación fiscal y fortalecer el número de empresas formales es algo muy importante para la economía, pero igual de importante es implementar políticas públicas sanas y sostenibles para el país a corto, mediano y largo plazo.