En intimidación a reporteros ¿Complicidad o negligencia?

2020-03-11



La semana pasada, durante un plantón del sindicato del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, un sujeto atentó contra la libre expresión al robarle el celular a la periodista navojoense Connie Peraza mientras transmitía en vivo, esto, frente a más de 40 elementos policiacos que formaban parte de un grupo de choque para retirar a los manifestantes. 


A pesar del gran número de uniformados, nadie hizo nada por capturar al ladrón, evidenciando una falta de interés; de preparación o incluso presunta complicidad con el cuerpo de seguridad que acata órdenes directas del Gobierno de Navojoa encabezado por Rosario Quintero. 


La periodista Connie Peraza ha sido una voz crítica hacia la actual gestión municipal al interponer diversas denuncias por presuntos actos de corrupción por parte de la alcaldesa y sus colaboradores cercanos, incluso ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante una de sus conferencias mañaneras.


No es la primera vez que atentan contra su integridad; algo lamentable, además de estar atravesando por un escenario de hartazgo colectivo ante los hechos de violencia contra la mujer.


La noble labor del periodismo es de las más peligrosas para ejercer en América Latina, con México a la cabeza en cuanto a índice de homicidios y agresiones a reporteros. Las cifras de periodistas asesinados en el país están al mismo nivel que lugares del Oriente Medio que atraviesan por conflictos bélicos como Siria.


Según la Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) se han documentado 128 agresiones violentas hacia mujeres periodistas durante el primer año de la actual administración. Es importante subrayar que los principales agresores de las periodistas son funcionarios públicos en la esfera del poder ejecutivo; gobernadores y presidentes municipales. 


Así mismo, en 2019 se registraron 10 asesinatos de informadores y la probabilidad de que los patrocinadores de estos crímenes sean juzgados es casi nula, pues el país tiene una tasa de impunidad superior al 90%, según la UNESCO.


En Nuevo Sonora condenamos todos los actos que pretendan opacar la libertad de expresión y que atentan contra la integridad de reporteros. Tampoco es la primera vez que el Gobierno de la alcaldesa Rosario Quintero ha destacado públicamente por la represión a reporteros que señalan irregularidades e incluso a regidores de la propia gestión.


Un agravio a un periodista, además de ser una afrenta a la libertad de expresión y de prensa, es un ataque directo a la democracia. Cuando un periodista es intimidado, la sociedad pierde libertad. Necesitamos una prensa libre, que realice su trabajo con absoluta independencia para que los ciudadanos conozcamos la realidad y así mismo, corporaciones policiacas confiables que velen por la integridad de los ciudadanos, no títeres de intereses políticos.